Declararon culpable al exjuez Walter Bento por asociación ilícita y corrupción en Mendoza. El tribunal confirmó que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza declaró culpable al exjuez federal Walter Bento en el megajuicio por corrupción en el que estaba acusado de haber cobrado coimas a través de una red que operó durante años en el Juzgado Federal Nº 1 de esa provincia. El tribunal lo consideró responsable de integrar una asociación ilícita junto a familiares, funcionarios judiciales y policías, mientras que la pena será definida en un juicio de cesura.
El veredicto se conoció tras casi dos años de debate oral y puso fin a una de las causas más relevantes de los últimos tiempos en la Justicia Federal. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana en los Tribunales Federales de Mendoza, donde primero se escucharon las últimas palabras de ocho imputados que no habían podido hacerlo en la jornada anterior. Luego de un cuarto intermedio, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira anunciaron la decisión.
A partir de ahora se abrirá el juicio de cesura, instancia en la que el Ministerio Público Fiscal y las defensas discutirán las penas. Según se informó durante el proceso, esa etapa se desarrollará entre miércoles y jueves, y el viernes el tribunal fijará las condenas definitivas, con los años de prisión correspondientes a cada culpable.
Al fundamentar el fallo, la presidenta del tribunal sostuvo que se trató de “la causa más compleja” que debió afrontar el TOF Nº 2, no solo por la cantidad de hechos, testigos y pruebas, sino también por la circunstancia excepcional de juzgar a un juez. Remarcó que la decisión no fue sencilla, pero destacó la prudencia, la profesionalidad y la seriedad institucional, y afirmó que juzgar a un par no afectó la imparcialidad del tribunal.
Las juezas consideraron que Bento llevó adelante una planificación sostenida para diseñar una estructura patrimonial y que seleccionó minuciosamente a familiares como titulares de bienes para reducir su patrimonio real. En ese marco, subrayaron que “el Poder Judicial no está por encima de la ley”.
Walter Bento llegó a la audiencia detenido, con prisión preventiva, en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo, donde permanece desde noviembre de 2023. En ese mes fue destituido como juez federal por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, luego de haber sido suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura.
El exmagistrado está imputado como jefe de una asociación ilícita que habría intervenido en al menos 14 o 15 hechos de cohecho. También enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la acusación, desde 2007 el juzgado que encabezaba ofrecía beneficios procesales, como libertades, sobreseimientos o imputaciones más leves, a personas investigadas en causas penales a cambio de dinero, vehículos de alta gama o propiedades.
De acuerdo con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares. Durante el debate oral se analizaron cientos de miles de fojas, se evaluaron grandes volúmenes de evidencia digital y declararon alrededor de 300 testigos.
En el mismo proceso son juzgados familiares directos de Bento. Su esposa, Marta Boiza, está acusada por lavado de activos, enriquecimiento ilícto y falsedad ideológica, mientras que su hijo mayor, Nahuel Bento, enfrenta cargos por operaciones ilegales de blanqueo de capitales. En el caso de Luciano Bento, otro de sus hijos, la fiscalía retiró la acusación por lavado y el tribunal deberá resolver si hace lugar a la absolución solicitada.
En sus últimas palabras ante el tribunal, Walter Bento volvió a negar los hechos y aseguró que fue víctima de una persecución. “Esto fue una cacería dirigida”, afirmó, y sostuvo que no se probó la existencia de coimas. También pidió que, en caso de que se le atribuyeran responsabilidades penales, no se extendieran a su familia, aunque reconoció haber cometido errores y habló de las “cicatrices muy profundas” que le dejó el proceso judicial.
El juicio comenzó en julio de 2023 y estuvo a cargo de los fiscales María Gloria André y Dante Vega, con la intervención del titular de la Procelac, Diego Velasco, y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel. Además de Bento, la acusación alcanzó a abogados, exfuncionarios policiales y otros imputados señalados como organizadores o miembros de la red de corrupción.
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