El Gobierno cuestionará la venta del 25%, realizada en 2008, y asegurará que fue fraudulenta. El juicio podría costarle al país hasta u$s3.000 millones

El Gobierno pedirá este jueves, ante los tribunales de Nueva York, que la causa de la reestatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) sea investigada en la Argentina, al mismo tiempo que presentará un duro cuestionamiento a la venta del 25% de las acciones al grupo Petersen, en 2008.

Del otro lado, el demandante, el fondo Burford Capital, apuntará a que el reclamo es extemporáneo y se trata de una actitud "desesperada" del país. Según el fondo, la operación de compra de YPF no tiene nada que ver con el reclamo por la manera de reestatizar y la falta de una oferta similar a la de Repsol para el resto de los accionistas.

Los abogados argentinos buscarán que la causa llegue a Buenos Aires y argumentarán la posible ilegalidad de la compra, la existencia de testigos que no pueden salir del país y que deberían declarar, como el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y las dudas sobre la operación del préstamo de Repsol YPF por la cual Petersen llegó a la compañía. Se estima que el juicio le podría costar al país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.

En el escrito que presentaron el lunes, los abogado sostuvieron que Néstor Kirchner, durante su presidencia, permitió una serie de “acuerdos falsos” y que un fondo buitre no tendría derecho a cobrar indemnizacion alguna.

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Respecto a la venta del 25% al Grupo Petersen, el Gobierno dice se hizo “bajo un procedimiento fraudulento” durante el gobierno de Kirchner y “sin poner un peso”. Además, describió una serie de supuestos hechos irregulares o de corrupción.

En la audiencia en Nueva York, se espera que el demandante pida el juicio sumario al considerar que se trata de cosa juzgada y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina. En cambio, el gobierno quiere ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra “fraudulenta”.

Paralelamente, el juez federal Ariel Lijo espera el resultado de un peritaje para decidir si esa compra de acciones del 2008 fue ilegal en una causa iniciada por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.

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