Los movimientos sociales buscan que el Congreso Nacional apruebe una ley para poder reforzar las partidas presupuestarias que se destinan a comedores y merenderos

Tras la corrida cambiaria desatada luego de las PASO, que disparó la inflación y provocó una nueva escalada en el aumento de los precios, la Emergencia Alimentaria se convirtió en uno de los reclamos más fuertes desde la oposición y las organizaciones sociales hacia el gobierno nacional.

Decretada por última vez en el país tras la crisis del 2001 e implementada hasta el 31 de diciembre de 2002, los representantes políticos, organismos sociales e instituciones buscan que se apruebe en el Congreso una ley que dé un nuevo marco para afrontar la crisis que económica y social que desató el gobierno del presidente Mauricio Macri.

Durante la presidencia de Eduardo Duhalde y a través del decreto 108/2001 del 15 de enero de 2002, el Ejecutivo citó como argumento "la gravísima crisis por la que atraviesa nuestro país, alcanzando extremos niveles de pobreza, agravados por una profunda parálisis productiva, tornándose obligatorio instrumentar las medidas necesarias y adecuadas para paliar tal situación".

La ley, que busca estado parlamentario desde el año 2017, propone la creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como instrumento para garantizar la alimentación de la población más vulnerable, menor de 16 años.

De aprobarse, la declaración de la emergencia alimentaria le daría potestad a la Jefatura de Gabinete para direccionar partidas presupuestarias para atender un eventual problema alimentario e implicaría que el Gobierno brinde más asistencia y aumente la entrega de alimentos a comedores escolares y comunitarios, merenderos y otros lugares donde los más necesitados reciben la ayuda que necesitan. También contempla medidas para asistir a adultos mayores que precisen asistencia.

De acuerdo a un informe de la Universidad Católica de Argentina (UCA), cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes que viven en Buenos Aires se alimentan en comedores comunitarios.

Consultado por POPULAR, Nicolás Caropresi, dirigente del MTE-CTEP, afirmó que esperan que el Congreso apruebe la semana que viene una ley unificada.

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“Nosotros ayer hicimos una movilización grande al congreso, fuimos recibidos por los diputados de todos los bloques. Como hay varios proyectos de ley, queremos que se unifiquen en algo que representen a todos los sectores”, y agregó que la semana que viene esperan “que lo traten en una sesión especial”, o sino buscarán “que la cámara le exija al presidente que saque por decreto la emergencia alimentaria”.

Desde las organizaciones sociales piden que se decrete la emergencia para que el gobierno nacional aumente las partidas presupuestarias a los comedores y los merenderos comunitarios, que hoy está en menos de 30 pesos por niño.

En respuesta, desde el Gobierno afirmaron esta semana que no es necesario declarar la emergencia alimentaria porque está alcanzada por la emergencia social consagrada por ley en diciembre de 2016. Asimismo, destacaron que estaban reforzando la ayuda alimentaria a los comedores.

En su momento, la ley de emergencia social que buscó favorecer a la llamada economía popular, incluyó una ayuda social del orden de los 10 mil millones de pesos para el 2017 para financiar empleos. Creó el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, el salario social complementario y el Consejo de la Economía Popular.

Consultada por POPULAR, Damaris Rolón, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), afirmó que la aprobación de la ley “es algo necesario”.

“Que se apruebe la ley implica que el gobierno nacional destine un presupuesto para reforzar el alimento de las niñas y los niños hasta los 16 años, que son uno de los sectores que peor la están pasando junto con las mujeres y las disidencias”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “el sector popular está conteniendo la crisis”: “Si este país no ha volado por los aires, después de las nefastas políticas económicas del Gobierno, es por parte de las organizaciones sociales que están conteniendo”.

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Cabe destacar que a principios de esta semana los intendentes de la provincia de Buenos Aires le entregaron una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para que declare la emergencia alimentaria y mande partidas extras a los municipios.

En la misiva, los jefes comunales argumentaron la petición en "la angustiosa situación que vive nuestro pueblo y que se viene profundizando mes a mes, a partir de la crisis económica y social que atraviesa el país y que tiene implicancias durísimas en la provincia de Buenos Aires.

En sintonía, la CGT y sectores de la iglesia emitieron diversos comunicados donde le piden al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria ante la “grave situación social” en un país con ciudadanos “sumergidos en la pobreza y la indigencia”.

Cabe destacar que los diputados nacionales convocarán para la semana que viene a una sesión especial para intentar aprobar un proyecto de ley unificado. "Vamos a trabajar para que, si el Gobierno no toma medidas, la semana que viene realizar una sesión especial", manifestó Leonardo Grosso, jefe del bloque del Movimiento Evita.

Por último, Caropresi afirmó que “si el Gobierno no toma una actitud más activa frente a la situación de hambre que estamos viviendo nosotros en el territorio, va a ser insostenible la tranquilidad de la gente que se está muriendo de hambre”.

En qué consistirá la Emergencia Alimentaria si se aprueba

En caso de aprobarse el proyecto unificado, el gobierno nacional deberá implementar las siguientes acciones:

  • Comedores escolares: el Estado Nacional deberá reforzar las partidas presupuestarias destinadas a la compra de alimentos de las escuelas de gestión pública nacional, provincial o municipal que así lo soliciten, ya sea subsidiando a la escuela, al Consejo Escolar o al organismo estatal correspondiente. La solicitud podrá ser elevada por la Dirección de la escuela, vía “Internet” a través de una “web” oficial, al Programa Nacional de la Emergencia Alimentaria dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
  • Asistencia directa a familias: en aquellos casos en los que no existan comedores escolares ni comunitarios que puedan asistir las demandas alimentarias de las personas en situación de vulnerabilidad, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación realizará una transferencia focalizada del monto suficiente para cubrir el Plan Básico Alimentario para toda la familia.

La Asistencia Directa deberá realizarse a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El pedido será cursado siempre que la familia tenga ingresos menores a la canasta básica declarada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y que no cuente en un radio de 10 cuadras con comedores escolares o comunitarios. En caso de existir, se derivará a las familias al comedor más cercano a su domicilio.

  • Transferencias de recursos económicos: las transferencias de recursos del PNEA se canalizarán a través de tarjetas prepagas no bancarias, tarjetas de débito, billeteras virtuales o medios equivalentes, sin costo alguno para los beneficiarios.
  • Ayuda financiera: las ayudas financieras del PNEA estarán focalizadas a través de los medios establecidos en el artículo 11°, y sólo podrán ser utilizadas por las PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS beneficiarias del Programa exclusivamente para la compra de los alimentos del Plan Nutricional y/o para insumos.

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