Néstor Marcelo Lamboglia dejó la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en medio de internas en el organismo.
Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a semanas de haber asumido en el cargo y de haber sido designado por cinco años y los motivos de la decisión estarían ligados a la fuerte interna que existe en el organismo. En este contexto, el hasta ahora vicepresidente, Vicente Serra, quedó a cargo de la institución.
En concreto, de acuerdo a fuentes del organismo, el fin de ciclo de Lamblogia se dio por una disputa puertas adentro con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). y producto de estas divergencias de criterios, el flamante exfuncionario decidió dar un paso al costado.
“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.
Para las fuentes oficiales, la dimisión fue por "motivos personales". A su vez, desmintieron internas y recalcaron que su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.
El cargo en manos de Serra tendrá una corta duración ya que está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del organismo, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.
El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores.
De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.
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