Un funcionario del gobierno de Santa Cruz y su hermano agredieron físicamente a jubiladas y sus abogadas que fueron a notificarlos de un fallo judicial que obliga a la provincia a pagar en tiempo y forma los haberes de los pasivos.
Se trata de Ariel Ivovich, presidente de la Caja de Previsión Social, quien mantiene una disputa con los jubilados provinciales que hace 48 días mantienen un acampe en la puerta del organismo en reclamo al pago atrasado de haberes desde hace meses.
Según varios testimonios, este martes a la tarde cuando las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila ingresaron a las oficinas de la empresa privada que tiene el funcionario para notificarlo de un fallo judicial, el empezó a agredirla verbalmente, hasta que en un momento “la levantó de las axilas, la tiró al piso y la arrastró entre las piedras y le quitó el celular", comentó una jubilada.
Al advertir la situación varias de las personas que esperaban a las abogadas decidieron ingresar al recinto que está rodeado por rejas y también fueron agredidas, en este caso por el hermano del funcionario.
"Nosotros vinimos a acompañarla a la doctora Guerra, ella nos dijo que nos quedemos afuera por si pasaba algo y en eso vemos como la arrastraba, la arrastraba por las piedras a la doctora Guerra, un hombre no puede hacerle eso a una mujer", relató a los medios Patricia Vargas aún azorada por la violencia que sufrió.
"El hermano de Ivovich se puso violento, me quitó el celular, me pateó, agarró un palo y dijo que nos iba a matar ahí adentro", reconstruye la jubilada entre sollozos.
"Ahora olvídense que van a cobrar", "ahora cagaron no les voy a pagar más los sueldos", cuentan testigos que les gritaba el presidente de la Caja de Previsión Social.
La doctora Guerra y dos jubiladas terminaron con marcas y moretones, mientras las personas agredidas recibieron atenciones médicas, Guerra ex jueza de Familia, ahora realiza la denuncia en la Comisaría Sexta.
Los diputados de la oposición y referentes de partidos opositores, realizarán una conferencia de prensa, donde además de repudiar los hechos, pedirán la renuncia del funcionario y la prohibición a que ocupe futuros cargos públicos.
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