La causa la lleva adelante el fiscal, tras una denuncia de diputados kirchneristas acerca de un presunto beneficio de alrededor de 500 millones de dólares

El fiscal Carlos Stornelli requirió investigar una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Javier Iguacel, por supuestos "negociados" con los peajes en relación al arreglo entre el gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol).

Los diputados del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto presentaron la demanda penal para que se investigue si el acuerdo al que llegaron las partes, por 500 millones de dólares, se realizó de manera irregular, considerando que en ese momento, según la denuncia, "todavía el Grupo Macri tenía un porcentaje accionario de Ausol".

De acuerdo a los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Entre las medidas solicitadas por Stornelli se encuentran el secuestro de la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.

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Por decisión de Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, “el Gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares”, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ.

Asimismo, Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”.

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, donde el fiscal, además de emitir la imputación, también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado.

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