La conferencia de prensa de Mauricio Macri incluyó un toque autocrítico, un tiro por elevación a la Jefatura de Gabinete y ninguna referencia concreta a una compensación por la pérdida del poder adquisitivo.

El presidente Mauricio Macri dio por concluida la “turbulencia cambiaria” que afectó la economía, ensayó una leve autocrítica admitiendo que su administración trazó metas de inflación “demasiado optimistas”, en la que también lanzó un tiro por elevación a la Jefatura de Gabinete por su intromisión en las tareas del Banco Central, en aquella famosa conferencia del 28 de diciembre, volvió a convocar a la oposición en la lucha contra el déficit fiscal para cumplir con los compromisos que seguramente pedirá el FMI, pero no dijo nada concreto sobre qué hará el gobierno para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios que ocasionará la devaluación de más del 20% del peso registrada en las últimas semanas.

En una calculada estrategia de ofrecer una conferencia de prensa tras los últimos estertores de la corrida cambiaria -hace 10 días el filósofo Alejandro Rozitchner, asesor de Jefatura de Gabinete, admitía por los pasillos de Casa Rosada que el Presidente debería salir a explicar la confusa situación económica-, para dar una suerte de explicación sobre lo sucedido y reiterar una convocatoria a la oposición en la principal meta que tiene hoy el oficialismo: reducir el gasto.

La cita de este miércoles por la tarde en la sala de Conferencias de la Residencia de Olivos reunió en la primera fila a la mesa chica del gobierno: de un lado, los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, junto al secretario general, Fernando de Andreis, y en el otro flanco, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Comunicación, Jorge Greco; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el vocero presidencial Iván Pavlovsky. Detrás, junto a varios periodistas, se ubicó el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulbio Pompeo.

Unas horas antes habían posado para la foto, desde los jardines del predio, la remozada mesa política, que incluyó a los citados Peña y Frigerio, al titular de Diputados, Emilio Monzó, y al radical y co-fundador de Cambiemos, Ernesto Sanz, a quien acompañó el gobernador jujeño Gerardo Morales. Este último fue uno de los mandatarios provinciales -ayer también estuvo el neuquino Omar Gutiérrez y entre hoy y mañana será el turno del formoseño Gildo Insfrán y de la catamarqueña Lucía Corpacci- que vienen a ser invitados para reunirse con el Presidente para integrarse a lo que denomina el gran acuerdo nacional para ajustar el gasto del año próximo. De alguna manera, el jefe de Estado quiere hacer corresponsables del ajuste a los gobernadores y dirigentes de la oposición con el diseño del Presupuesto 2019.

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Ayer Macri fue taxativo en la necesidad de reducir el déficit fiscal para que el país no deba soportar otra tormenta financiera. Y también para poder acordar con el FMI: aunque sostuvo que el organismo multilateral “pondrá el número” del achique del gasto, pero será Argentina quien defina el modo de lograrlo. “Es un tema nuestro: nadie nos va a condicionar”, respondió ante el temor de que el organismo reclame despidos de empleados públicos o reformas jubilatorias o laborales.

“Aquel 28 de diciembre hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central”, fue la más sonada autocrítica que ayer hizo Macri y que, por otro lado, constituyó un tiro por elevación hacia sus espadas de Jefatura de Gabinete, Marcos Peña y Mario Quintana, autores intelectuales del 28 D, cuando en una conferencia de prensa sentaron en una misma mesa al titular del Central, Federico Sturzenegger, para anunciar la relajación de las metas de inflación. Son los compromisos que, a la postre, terminó destruyendo la crisis de las últimas semanas. Macri no quiso arriesgar cual será la proyección de inflación de este año: le tiró la pelota nuevamente al Banco Central, el encargado de combatir el alza de precios.

Dentro del gobierno también se leyó como una suerte de “tirada de orejas” a Jefatura de Gabinete, tanto desde el punto de vista de la gestión como de la comunicación. “Hubo dirigentes del peronismo y algunos consultores que lo alertaron a Macri sobre cómo el gobierno se manejó con los medios en esta crisis. La gente en estas situaciones da importancia a lo que ve en una placa de la TV”, graficaba anoche una fuente gubernamental que conoce las internas del Gabinete.

Con todo, Macri admitió que la suba del dólar, que hoy orilla los $25, va a generar este año “un poco más de inflación y menos crecimiento”. Lo cierto es que los analistas pronostican a fines de diciembre un alza del costo de vida del 25 o el 26% que, de concretarse, superaría el IPC de 2017 del 24,7% y borraría el relato oficial de ir año a año reduciendo la inflación.

Respecto a la devaluación de la moneda nacional y, como bien enseña la historia económica de nuestro país, su esperado traslado a precios, Macri no anticipó ninguna medida concreta. Sí expresó su satisfacción por la flamante Ley de Defensa de la Competencia, una herramienta que podría regular los mercados oligopólicos en el mediano plazo, pero no serviría para atender la urgencia; sólo deslizó que su gobierno estará “atento a que no haya avivadas”. En verdad, en el seno del Ejecutivo no avalan el control de precios; por eso tampoco se esperaban grandes anuncios en ese sentido.

Frente a la amenaza de una mayor conflictividad laboral en los próximos meses merced al deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores -la mayoría de las paritarias se han cerrado en torno al 15% con promesa de revisión, un mecanismo que no garantiza la plena compensación por lo que se pierda por inflación-, Macri reiteró que los popes de la CGT también serán convocados al gran acuerdo nacional porque también tienen “responsabilidades” en esta problemática.

En este marco, la Justicia ayer dio un espaldarazo a un gremio. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la apelación que había elevado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en la demanda que ordena a su cartera otorgar la inscripción de personería gremial al sindicato de abogados del Estado.

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