El Frente de Unidad Gremial Docente anunciará hoy si acata la medida basada en el “derecho de los padres a educar a sus hijos y de los niños a ejercerlo”, y consideró que la escolaridad es un “derecho inalienable”.

El gobierno bonaerense dictó ayer la conciliación obligatoria y emplazó a los gremios del Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) a que el lunes próximo, tras el receso invernal, se reinicie el ciclo lectivo con normalidad. Mientras que la UDA, el gremio que no forma parte del Frente de unidad, acató la medida, hoy se conocerá la decisión del resto de los gremios.

El gobierno provincial fundamentó el dictado de la conciliación en el “derecho de los padres a educar a sus hijos y de los niños a ejercerlo”, y consideró que la escolaridad es un “derecho inalienable”.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo provincial. “Estas medidas ponen en riesgo el reinicio del ciclo lectivo, encontrándose comprometida la paz social por la afectación de los servicios educativos”, se sostuvo en los fundamentos de la medida.

Desde el Frente de Unidad contestarán hoy si acatan o no la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo bonaerense para intentar que el paro de 72 horas que habían lanzado el jueves retrase el reinicio de clases tras el receso invernal.

Los gremios docentes analizan los alcances legales de la conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo y adelantaron que hoy se comunicará si levantan la medida de fuerza o no.

‘El cuerpo de asesores legales está trabajando en los alcances de la conciliación obligatoria’ por lo que ‘en el transcurso del sábado, luego de la evaluación de los diferentes cuerpos orgánicos, se dará a conocer la determinación del FUGD’, dieron como explicación desde las organizaciones sindicales.

Así, entonces, recién hoy se confirmará si el paro de 72 horas anunciado por los gremios que integran el Frente de Unidad a partir del lunes sigue o no en pie. En estos momentos, los asesores legales de SUTEBA, UDOCBA, FEB, SADOP Y AMET trabajan en el análisis del alcance de la conciliación obligatoria.

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En rigor, los cinco gremios que integran el núcleo central de la resistencia gremial docente bonaerense, tiene posiciones encontradas y están buscando los equilibrios políticos en su interior para tener una posición común.

Según comunicaron, ‘en el transcurso del día de hoy sábado, luego de la evaluación de los diferentes cuerpos orgánicos, se dará a conocer la determinación’ de nucleamiento gremial y no se descarta por estés horas que finalmente haya pronunciamiento disparares, aunque desde los gremios insisten en la unidad del Frente.

Los análisis se llevan a cabo en total hermetismo dentro del FUDB. Apenas se dejó trascender que ‘hay variantes’ para analizar. Por lo pronto existe un antecedente: los gremios ya resistieron el año pasado una medida similar.

En efecto, en marzo de 2017, los gremios rechazaron una conciliación del Ministerio de Trabajo Bonaerense, aunque entonces el argumento es que se trataba de una medida nacional, lanzada por la CTERA, a la que adherían.

En tanto que la UDA, que rompió con el Frente este año, anunció que aceptó la conciliación, con lo cual levantó el paro.

‘Por razones de conveniencia, mérito y oportunidad, y por compartir el principio de paz social y diálogo permanente que debe primar en estos conflictos, desde la UDA acatamos la conciliación, y dejamos en suspenso el paro decretado mientras dure el período de conciliación’, sostuvo el Secretario General de la organización gremial y que además es el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero.

Uno de los conflicto de intereses que se suscita en estos casos es que el Estado provincial desde 1994 incumple con el artículo 39, inciso 4 de la Carta Magna provincial, se crea el ‘organismo imparcial’ con competencia para entender en los conflictos colectivos que se susciten entre trabajadores estatales y el Estado provincial.

Se trata de un tribunal que estaría habilitado para intervenir a solicitud de las partes una vez agotado el procedimiento de auto composición previsto en las normas de negociación colectiva general, o especial, evitando así que ‘el Estado sea juez y parte’ como estaría sucediendo en este caso.

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