El Gobierno instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el procedimiento ante el vencimiento del decreto que prohibía desalojos.

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

A través de la Resolución 88/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales".

Para esto, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.

El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

La autoridad de aplicación de la presente resolución establecerá los criterios de priorización de las personas que se encuentren alcanzadas por la presente resolución, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Los representantes de los inquilinos cuestionan la decisión gubernamental de permitir los desalojos tras el DNU.
Cómo es el protocolo del Gobierno para asistir a familias en situación de desalojo

Cómo es el protocolo del Gobierno para asistir a familias en situación de desalojo

Y facultó a la secretaría a dictar las normas complementarias e interpretativas y a suscribir los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente Resolución.

Esta iniciativa avanzará considerando que en el marco de la pandemia Covid-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler. Esos inquilinos enfrentaron diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos contratos, entre otras situaciones que pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo.

Una vez obtenida la información sobre los procesos de mediación y sentencias de desalojo y de los análisis socio-económicos de los hogares que oportunamente se efectúen, corresponderá impulsar la coordinación de acciones con los Entes Ejecutores provinciales y locales de programas o planes de viviendas financiados con aporte del Estado Nacional, tendientes a brindar una solución habitacional a los inquilinos o inquilinas que se encuentren alcanzados o alcanzadas por el Decreto N 260/20.

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