A través del DNU 736/2026, el Ejecutivo modificó una regulación vigente desde la crisis de 2001 y amplió el acceso al financiamiento en moneda extranjera.
El Gobierno oficializó este viernes una nueva flexibilización para el acceso al financiamiento bancario en dólares, que permitirá a empresas que no exportan tomar créditos en moneda extranjera. La medida apunta a aprovechar la liquidez en dólares existente en el sistema financiero y canalizarla hacia inversiones productivas.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modificó el artículo 23 del Decreto 905/2002. Esa normativa, dictada después de la crisis de 2001, restringía los préstamos en dólares a empresas con ingresos vinculados directa o indirectamente con el comercio exterior.
Con el nuevo esquema, los bancos podrán utilizar hasta el 15% del total de sus depósitos en dólares para otorgar financiamiento a personas jurídicas radicadas en la Argentina. El beneficio alcanza también a compañías que trabajan exclusivamente para el mercado interno y cuyos ingresos están expresados en pesos. Las personas humanas quedaron excluidas de la medida.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, defendió la iniciativa y señaló que busca reducir la brecha entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de crédito disponible para el sector privado. “Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía”, sostuvo.
Como condición, las empresas que accedan a estos préstamos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a pesos. De esta manera, el Gobierno busca que los dólares captados por el sistema bancario se transformen en recursos destinados a la actividad económica local.
El Banco Central, presidido por Santiago Bausili, estableció además una serie de requisitos para limitar los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Entre ellos, dispuso una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% respecto de los créditos tradicionales y estableció que estas financiaciones computarán 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia.
Las entidades también deberán analizar la capacidad de pago de las compañías frente a distintos escenarios de volatilidad cambiaria. El objetivo es reducir el riesgo de que empresas con ingresos en pesos asuman deudas en dólares que puedan comprometer su solvencia ante una eventual suba del tipo de cambio.
En el Palacio de Hacienda estiman que la nueva normativa permitirá movilizar entre US$6.000 y US$10.000 millones adicionales de crédito. La medida apunta especialmente a sectores industriales y comerciales que, según el Gobierno, enfrentaban dificultades para financiar proyectos de mediano y largo plazo debido al costo del financiamiento en moneda local.
Así, el Ejecutivo busca ampliar el crédito privado y utilizar parte de los dólares depositados en el sistema financiero como fuente de financiamiento para la inversión, en una apuesta por reducir los costos financieros y darle impulso a la actividad económica.
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