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Las presuntas maniobras habrían perjudicado a miles de vigiladores de todo el país. Intervienen los Juzgados Federales Números 1, 6 y 12.
Gracias al aporte reciente de nuevas pruebas documentales, La Justicia Federal acelera la investigación del uso presuntamente irregular de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) en el sector de la Seguridad Privada, en el que habrían incurrido dirigentes gremiales, empresarios y funcionarios, y con los cuales habrían perjudicado a miles de trabajadores. La magnitud de la investigaciòn y su complejidad queda evidenciada en el hecho de que actualmente existen causas en los Juzgados Federales Nº 1, Nº 6 y Nº 12.
De acuerdo con datos aportados por fuentes familiarizadas con las distintas causas en curso, la documentación recientemente aportada por dirigentes gremiales permitiría comprobar cómo numerosas empresas accedieron de un modo irregular a PPC, un sistema que la legislación laboral argentina prevé únicamente para situaciones económicas excepcionales.
Entre las nuevas pruebas, se encuentran convenios firmados entre empresas y representantes sindicales, balances contables utilizados para justificar supuestas situaciones de crisis y diferentes modelos administrativos que habrían sido utilizados para tramitar estos procedimientos ante la autoridad laboral.
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Varios de esos convenios .indicaron los informantes- habrían sido aplicados dentro de las empresas sin que existiera una homologación formal o ratificación en tiempo y forma por parte del Ministerio de Trabajo, lo que ahora se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.
A esto se sumaron balances contables que están siendo objeto de pericias forenses, ya que existen sospechas de que algunos habrían sido "dibujados" con el único propósito de justificar el acceso a los PPC.
El origen de la investigación
La investigación original se diò a partir de denuncias sobre la presunta la utilización masiva de PPC en el sector de la seguridad privada.
A partir de allí, distintas agrupaciones gremiales -entre ellas la 9 de julio que conduce Christian López- marcaron la existencia de un posible circuito de facilitación administrativa y sindical que habría permitido a numerosas empresas ingresar a este régimen excepcional.
Algunos testigos habrían señalado el presunto pago de sobornos en las cercanías de las estructuras administrativas del Estado, con el fin de favorecer a empresas y perjudicar a los empleados de Seguridad Privada. (Nota de Redacción: para preservar el principio de inocencia de los mencionados no se reproducen sus nombres).
Una idea nivel de las maniobras investigadas está dado porque una sola de las empresas de seguridad privada investigadas tiene 2.500 vigiladores.
Denuncias contra el secretario general de Upsra
Distintas agrupaciones vinculadas a trabajadores de seguridad privada opositoras a Ángel García (actual secretario general de Upsra), venían denunciando irregularidades en la aplicación de los PPC, así como de todo tipo en el manejo del sindicato.
La Agrupación Nacional 9 de Julio, encabezada por el dirigente nacional Christian López, fue uno de los que en los últimos años realizó presentaciones administrativas y judiciales, además de enviar cartas documento a empresas de seguridad, clientes y organismos del Estado —entre ellos el Ministerio de Trabajo, ANSES y ARCA— solicitando explicaciones sobre la proliferación de estos procedimientos.
López y otros dirigentes aseguran que las empresas del sector habrían usado una cantidad extraordinaria e injustificada de PPC, si se tiene en cuenta el crecimiento que ha tenido la industria de la seguridad privada en los últimos años.
En ese contexto, varios vigiladores ya se presentaron en distintos juzgados federales para ratificar las denuncias vinculadas a estos procedimientos.
Las declaraciones de los trabajadores -indicaron las fuentes consultadas- permitirían reconstruir cómo se aplicaron en la práctica estos procedimientos dentro de las empresas del sector.
Observadores judiciales no descartaron que las distintas causas en curso por el presunto uso irregular de PPC pueda unificarse en un solo Juzgado Federal.
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