La propuesta, tiende a combatir la clandestinidad tanto en la industria como en la comercialización del producto, que se estima, llega al 45 por ciento. Ruiz afirmó que el plan “ataca directamente la evasión y es también una herramienta eficaz para combatir la informalidad laboral con un claro beneficio económico para el sector”.

“Si podemos ordenar la industria entre panaderos, empresarios y Gobierno, podemos combatir la clandestinidad y de esta manera los costos del precio final del pan podría ser aún menor”, dijo Ruiz.

La propuesta a largo y mediano plazo contempla: *Una política firme tendiente a transparentar/regularizar la entrega de harina en las panaderías proponiendo a tal efecto la creación, en cada municipio, de un centro de acopio de harina para su posterior distribución a los empresarios panaderos formalmente registrados”.

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También, *tolerancia cero frente a la elaboración clandestina del pan. la obligación de colocar en un lugar visible un sticker que indique el lugar de procedencia y elaboración de los productos que se comercializan bajo pena de la sanción correspondiente para desalentar la compra clandestina del producto”.

Pata ello, se propone un registro de panaderías o comercios habilitados para la elaboración y expendio del pan y afines en cada municipio, lo que permitirá acotar el margen de error en la lucha contra la evasión y la clandestinidad en ese sector de la industria.

Asimismo, “suspender por el plazo de 180 días toda habilitación vinculada al sector panaderil, hasta tanto se arbitren los mecanismos que permitan articular la confección del registro de panaderías y comercios del habilitados”. Sin fecha, quedaron en realizar un segundo encuentro, ya con pormenores más específicos aportados por la gestión provincial.i