En medio de un lentísimo proceso judicial y una guerra comercial por un negocio de 630 millones de pesos, crece el malestar de los 50 mil pasajeros que viajaban en las líneas 165, 245 y 112, como la angustia de los trabajadores.

A un mes de haberse paralizado completamente los servicios de las líneas 165, 245 y 112 del Expreso Lomas, por falta de unidades en condiciones de circular, que deja aislados a decenas de barrios de Esteban Echeverría, Lomas y Lanús, entre otros, y ante la pasividad de las autoridades competentes, los choferes decidieron salir a la calle y lanzar una campaña de firmas por “la vuelta del Expreso Lomas”.

Hoy se movilizarán a los tribunales lomenses.

A medida que pasan los días la situación se agrava a pasos agigantados. Los trabajadores pudieron cobrar el sueldo de marzo gracias a medidas cautelares, aunque con quitas: no percibieron la última cuota de aumento acordada en la paritaria 2018 ($2.500), ni los viáticos ($4.000), mientras que a los que perciben sus haberes por Banco Comafi les descontaron otros $1.000.

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A esto se sumó que los actuales gerenciadores, El Puente SAT, confirmaran por escrito su decisión de dar un paso al costado.

Lejos de las problemas que se les presentan los usuarios por ver cómo viajar o la angustia de los choferes, se desarrolla una guerra empresarial para ver quien se queda con Expreso Lomas. Un negocio nada despreciable que rondaría los $ 630 millones sólo por la venta de las 140 unidades 0 km que se necesitarían para reanudar el servicio. En un rincón se encuentran La Nueva Metropol y Colcam, y en la otra esquina del ring el gigante DOTA.

Patricio Alomo, delegado gremial de UTA, criticó la ausencia del Ministerio de Transporte: “Se excusan en que el caso está judicializado, pero mientras tanto hay 50 mil pasajeros perjudicados”.

Tras una asamblea con vecinos de El Zaizar (Esteban Echeverría), decidieron lanzar esta campaña de firmas para exigir al ministerio y al Juzgado N° 14 mayor celeridad para resolver el conflicto. Ya cuentan con más de 3.000 adhesiones.

Alomo recordó que desde 2011 vienen denunciando el vaciamiento de la empresa, la que en 2013 ingresó en concurso de acreedores y se ordenó la intervención judicial.

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