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La investigación judicial se centra en la construcción de una torre de 26 pisos, donde iba a funcionar un hotel de la cadena Howard Johnson, para lo cual el gobierno autorizó una excepción al Código de Edificación.
La detención de dos conocidos empresarios inmobiliarios de la Zona Sur volvió a poner en el centro del debate las políticas de desarrollo urbano que lleva adelante el gobierno de Lomas de Zamora, que ha permitido el florecimiento de las torres en el distrito.
Se trata de Nicolás y Pedro Comito, acusados de estafa con un fideicomiso para la construcción de un hotel de la cadena Howard Johnson en el exclusivo barrio Las Lomitas.
El fiscal Pablo Rossi, que les otorgó la prisión domiciliaria, también imputó en el caso a otras tres personas.
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Al trascender estas detenciones, y no se descarta que haya otras más, desde la asociación vecinal Fuenteovejuna, críticaron el modelo urbanístico que lleva adelante la administración de Martín Insaurralde y que ha colapsado los servicios en los barrios, recordaron que para habilitar la construcción de “esta mole de 26 pisos, con unos 1.500 metros cuadrados más de los permitidos”, fue aprobada la Ordenanza 13.460, que lo declaró de Interés Municipal, y permitió una excepción al Código de Edificación.
En ese momento, el intendente le reclamó a sus ediles un rápido tratamiento de la ordenanza para poder cerrar un negocio de 20 millones de dólares. El argumento era que no había un hotel de alta categoría.
“La excepción, que permitiría ganar millones de dólares extras a un privado, sin beneficio alguno para la comunidad, era anunciada incluso en la página del municipio, confundiendo intereses públicos y privados, con el pretexto de que unos pocos pisos de esa torre serían destinados a un hotel”, aseguró la entidad en Facebook.
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Hoy, tras años de abandono después de que la cadena hotelera se retirara del negocio, la obra emplazada en Meeks y Colombres se retoma como una torre de departamentos más pero con muchísimos más metros cuadrados de los que puede construir alguien de acuerdo a la normativa.
Hace más de un año, tal como publicó este medio, el entonces concejal de la UCR, Marcelo Pellegrini, exigió que al modificarse el fin del proyecto -al pasar a ser un edificio de viviendas- debía caducar la excepción aprobada, pero nada de eso pasó.
Por ello, Fuenteovejuna criticó la postura del municipio que “apoya el crecimiento del negocio inmobiliario depredatorio”, y comparó la situación con el emprendimiento Las Lomitas Street & Residence, una torre de 22 pisos y un centro comercial en el pulmón de una manzana, que literalmente la dividió en dos.
EL POSTEO DE FUENTEOVEJUNA:
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