El poder en la era tecnológica: el trasfondo de la visita de Peter Thiel

Su visita se inscribe en un contexto más amplio, marcado por la publicación reciente de un manifiesto de Palantir que cuestiona abiertamente la capacidad de las democracias liberales para sostener el poder en la era de la inteligencia artificial.

El planteo no es nuevo en su diagnóstico, pero sí en sus implicancias. El manifiesto sostiene que el poder duro (hard power) del siglo XXI se construirá sobre la base del software. En sí misma, la afirmación no resulta disruptiva: desde hace décadas, la teoría de las relaciones internacionales reconoce que el poder combina dimensiones materiales e inmateriales. Sin embargo, el problema no radica en el diagnóstico, sino en el desplazamiento que introduce. Ese poder ya no aparece como una función de los Estados democráticos, sino como una capacidad concentrada en empresas tecnológicas privadas.

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Poder de la democracia o sobre la democracia

Aquí se produce el quiebre central. Sin legitimidad democrática, el ejercicio del poder deja de estar mediado por mecanismos de control institucional. En lugar de poder de las democracias, lo que emerge es poder sobre las mismas. El propio manifiesto refuerza esta lógica al descalificar los procesos deliberativos como “debates teatrales”, presentando la regulación como un obstáculo frente a la urgencia tecnológica. No se trata de un argumento técnico, sino de una operación política: desplazar el problema del control hacia una narrativa de inevitabilidad.

El uso de Inteligencia Artificial en defensa

El caso de la inteligencia artificial es ilustrativo. El texto sostiene que la cuestión no es si se desarrollarán armas basadas en IA, sino quién lo hará. Sin embargo, esa pregunta no es abierta. Empresas como Palantir ya cuentan con contratos con agencias de inteligencia y fuerzas armadas. La discusión, entonces, no gira en torno a la posibilidad técnica, sino a las condiciones institucionales bajo las cuales ese desarrollo ocurre.

Un detalle no menor es que, la IA no es autónoma: se entrena, se orienta y se aplica según criterios definidos. Sin regulación de ella, no hay neutralidad, sino concentración. En este punto, el contraste internacional resulta evidente. Mientras la Unión Europea (UE) ha avanzado en marcos regulatorios específicos, países como la Argentina presentan un vacío normativo significativo. Ese vacío no es neutral. Funciona como un terreno propicio para la expansión de actores con capacidad tecnológica y sin contrapesos institucionales claros (como el caso de Thiel).

El manifiesto avanza aún más al proponer una nueva era de disuasión basada en inteligencia artificial. Pero omite una dimensión clave: la arquitectura institucional.

La disuasión nuclear, con todas sus limitaciones, operó dentro de sistemas de tratados, organismos de control y equilibrios entre Estados. Una disuasión basada en software privado, sin regulación democrática ni supervisión pública, no constituye una forma de seguridad colectiva. Se acerca, más bien, a la privatización del monopolio de la fuerza.

A esto se suma un componente cultural sustancial. El documento sugiere que ciertas culturas serían “regresivas”, sin establecer criterios claros ni mecanismos de evaluación. En ausencia de parámetros explícitos, la capacidad de definir qué es progreso y qué es atraso queda en manos de quienes detentan el poder tecnológico. No se trata de un análisis civilizatorio, sino de una forma de autolegitimación del poder.

Evitar la arbitrariedad del poder

Frente a este escenario, la advertencia del jurista argentino Carlos Nino (1943-1993) adquiere renovada vigencia. La democracia, entendida como un “sucedáneo imperfecto”, no es un obstáculo a superar, sino el único mecanismo disponible para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Su valor no es únicamente procedimental, sino también epistémico: la deliberación entre ciudadanos permite aproximar las decisiones colectivas a criterios de justicia que ningún actor individual —por más información o capacidad que posea— puede garantizar por sí solo.

En este sentido, el debate no es tecnológico, sino político. No se trata de oponerse a la innovación, sino de definir bajo qué condiciones se desarrolla y quién tiene la capacidad de establecer sus límites. En un contexto de escasa regulación, la pregunta central no es qué puede hacer la tecnología, sino quién decide sobre su uso. Porque, en última instancia, la ausencia de reglas nunca es neutral.

(1) Guillermina Favrat: Abogada (UBA). Data Scientist, Investigadora en el Centro Internacional de Estudios y Prospectiva Parlamentaria de la Escuela de Gobierno (Univ. Austral). Directora de la Colección Instituciones Digitales. Coautora del libro Amparo Digital de Editorial Ad Hoc.

(2) Milagros Ludueña: Licenciada en Ciencias Políticas y docente en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), especializada en análisis político, investigación y comunicación aplicada a entornos digitales.