Es contra su ex mánager, Mario Margossián por fraude económico, falsificación de firma y adulteración de documentos privados; marca un antes y un después en la las relaciones contractuales entre púgiles y manejadores, que debería controlarse mejor; un tema largo jamás resuelto, que es una deuda de la dirigencia boxística.

Dos noticias impactaron fuerte en la última semana, que por uno u otro lado repercutieron y afectaron al boxeo argentino.

Una fue la casi concretada vuelta de Maravilla Martínez, con fecha de revancha incluida para el 17 de noviembre próximo ante el mexicano Julio César Chávez Jr, que ahora parece que no se hará -según las últimas declaraciones de su padre, el Gran JC- no se sabe si por problemas de peso de su hijo, o por una estrategia de marketing debido a lo poco que movió el termómetro su anuncio.

Si bien la noticia no había sorprendido del todo, dado que ya se rumoreaba algo, sacudió por la velocidad de la concreción y la magnitud del rival elegido. ¿Se hará diciembre ahora? ¿Se hará alguna vez?

La otra fue el juicio que el Chino Maidana le ganó a su ex mánager Mario Margossián, que en realidad fue quien le hizo juicio al ex púgil y no al revés, como se creía.

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Margossián lo acusó ante la Justicia por incumplimiento de contrato cuando éste se desvinculó de él, pero aquella dictaminó en 1ª instancia la improcedencia del reclamo y declaró el hecho como lícito, habida cuenta de que el promotor falsificó firmas y adulteró contratos, por lo cual la decisión del Chino de disolver unilateralmente el vínculo fue por causa justificada.

El ex apoderado de Maidana, Sebastián Contursi, explica a DIARIO POPULAR por qué este absurdo de que ellos fueron los demandados en la causa y no los demandantes, como se suponía:

“La verdad es que en aquel entonces - principio de 2010 - ya teníamos evidencia importante de maniobras fraudulentas y se procedió a través de cartas documento, con la idea de, posteriormente, iniciar una demanda por daños y perjuicios tan pronto como se lograra total solidez jurídica para encararla. Probar estas cosas no es nada sencillo, sobre todo cuando gran parte de la evidencia hay que producirla en el exterior del país, lo que demora muchísimo el proceso.”

“Sin embargo, Margossian nos ganó de mano e inició la demanda él primero. En mi opinión, como estaba jugado ya que sabía la que se le venía, se tiró un lance (aventura judicial le llaman los abogados), con el propósito de seguir engañando y así sobrevivir en el boxeo, al menos por un buen tiempo (de hecho, el juicio duró siete años), durante la tramitación de la demanda. Si fue así, fue una estrategia de supervivencia. Pero sólo Margossian sabe los motivos por los que redobló la apuesta”.

No abundaremos en detalles, ni reiteraremos datos del informe que tan completamente publicó el colega Andrés Mooney de “A la vera del Ring”, que tuvo acceso a la primicia –replicada por otros medios luego- y puede leerse aquí.

De vieja data

El tema de las estafas, o sospechas de estafas de promotores contra boxeadores, nació con el boxeo mismo, aunque el negocio admite que el mánager -que a nivel internacional debiera cobrar el 33 % de la bolsa bruta, según usos y costumbres, y de ahí pagar gastos- pacte una bolsa con su pupilo y luego renegocie lo suyo, que dependerá de su habilidad, con lo cual, según cómo se mire es estafa o no -lo es quizás en el terreno moral-.

Todos, absolutamente todos en la historia fueron sospechados de eso. Ni siquiera Juan Carlos Lectoure zafó, aunque se decía que jamás le tocaba un peso a los boxeadores, es decir, que lo hacía gratis. Pero por otro lado se hablaba de que su ganancia era quedarse con los derechos de TV, que en aquel entonces era algo novedoso y mucho más ínfimo que ahora.

Sin embargo, tal como sucede en nuestro país, una cosa es una coima, una tajada, un porcentaje de un todo, que se naturalizó como comisión, y otra el robo artero y deliberado.

Una cosa es negociar cada cual su parte -que puede ser mayor a la estipulada por contrato-, y otra muy distinta es falsificar directamente una firma, adulterar un escrito, o eliminar dolosamente el párrafo de una cláusula, donde se aseguraba el pago de una prima de enganche por 175.000 dólares para el boxeador, para luego hacerlo depositar en otra cuenta truchando la firma de los cheques. Es decir, robar la totalidad de una plata que era exclusiva del boxeador.

Por supuesto, Margossián –que según dicen, intentó litigar sin gastos aduciendo escasez de recursos, juicio que también perdió- apeló la sentencia, y se verá qué resuelve la Cámara.

De ratificarla y quedar ésta firme, sería imposible no hacerse unos cuantos planteos de cara al pasado y al futuro, atento a que el empresario es promotor FAB oficial y uno de los responsables de las veladas del ciclo Boxeo de Primera de TyC Sports.

Sentaría un precedente humillante que marcaría un antes y un después en el boxeo argentino, donde jamás en la historia se pudo probar judicialmente una maniobra de esta naturaleza, en las pocas veces que los reclamos de los púgiles han llegado a la Justicia.

Es que falsificar firmas y adulterar un documento es un delito penal, que nadie puede disimular ni hacer la vista gorda cuando se comprueba.

No podría dejar de pensarse entonces que si existió una vez, pudo haber existido siempre, vaya a saberse cuántas veces y con quiénes, porque es de suponerse que esta no sería la primera, ni la última vez que ocurra. Y que seguramente no es un invento argentino.

Sucede que en este caso se pasó de suponerlo, sospecharlo, o pensarlo, a comprobarlo. Eso es lo grave.

La pregunta es si ahora Maidana iniciará un juicio para recuperar lo suyo –que seguramente ganará pero hay que ver si cobra, ya que el promotor se consideró insolvente, algo reñido con los reglamentos de la FAB para otorgar licencias a los mismos-, y qué hará la FAB ante el conocimiento de esta sentencia. Y muy especialmente, cómo recuperar la confianza, si es que esta alguna vez se recupera.

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