El organismo publicó su informe tras aprobar la segunda revisión del acuerdo. Más allá de respaldar el rumbo económico, cuestionó al gobierno por no actualizar el IPC y expresó la necesidad de reformas en el sistema tributario y previsional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a colocar a la Argentina en el centro del debate económico global con una evaluación que combinó respaldo político al programa de Javier Milei y una advertencia estructural sobre los desafíos que aún condicionan la sostenibilidad del modelo.
Después de aprobar la segunda revisión del acuerdo firmado por US$20.000 millones, el organismo difundió un informe en el que validó la estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la baja de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado. A su vez, dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún pendientes en materia tributaria y previsional. Incluso, advirtió sobre los riesgos políticos y económicos que generará la elección presidencial de 2027.
El documento del Fondo ratificó su diagnóstico central: el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal. De hecho, calificó el ajuste inicial como “excepcionalmente grande en comparación internacional”, un reconocimiento que subraya la magnitud del recorte del gasto público implementado en los primeros meses de gestión.
En línea con ese enfoque, también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que -según su análisis— avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización. La baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dijo el organismo, no respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente fiscal. Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios pasados.
Por el lado de las proyecciones, el FMI planteó un escenario moderadamente optimista de cara al corto plazo. Para este año, estimó un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI. Se trata de cifras que reflejan una economía en proceso de estabilización, aunque todavía lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.
El organismo cuestionó la postura de no actualizar el índice de precios. "La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual", señaló el documento. Y agregó: "Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte debido a un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo asimismo restricciones, ya que los datos devengados fuera del comercio de bienes sólo están disponibles trimestralmente. Al mismo tiempo, el marco institucional que regula al Indec necesita ser modernizado".
También identificó tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional.
En ese sentido, propuso avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad. La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la inversión y favorece la informalidad.
Más allá de su respaldo a la gestión de Milei, el FMI advirtió que "podrían surgir dificultades en la implementación de políticas y fatiga reformista, sobre todo si la desinflación, el crecimiento y el empleo no se fortalecen antes de las elecciones presidenciales de 2027". Y agregó: "Esto también podría plantear riesgos para la reputación, ya que el programa del Fondo podría percibirse como insensible a las condiciones sociales y laborales y a los costos de dislocación a corto plazo asociados con los ajustes y reformas macroeconómicas".