Nueve provincias podrán licitar el mantenimiento y explotación de tramos viales, aunque la Nación conservará la titularidad y el control general del sistema.
El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a gestionar y concesionar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios, en una medida que apunta a descentralizar la administración de la infraestructura vial y acelerar obras de mantenimiento mediante inversión privada.
A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública con sistema de peaje a empresas privadas, mixtas o entes estatales. En esta primera etapa, las provincias alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
La iniciativa busca que los gobiernos provinciales asuman un rol más activo en la gestión, reparación y conservación de rutas, bajo esquemas que permitan mejorar la calidad del servicio y reducir la carga operativa del Estado nacional. Sin embargo, el decreto deja en claro que la medida tiene carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que implica que la Nación mantiene el control estratégico.
En ese sentido, se establece expresamente que no habrá transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados, por lo que las rutas seguirán siendo nacionales. Además, los contratos de concesión tendrán un plazo máximo de 30 años desde su aprobación.
Para avanzar con el esquema, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir y los planes de obras. Esos acuerdos deberán respetar criterios como publicidad, transparencia, competencia entre oferentes, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Por último, se dispuso que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que Vialidad Nacional será la encargada de supervisar el cumplimiento de los contratos. El decreto también fija un plazo: si una provincia no llama a licitación dentro del año posterior a la firma del convenio, la delegación quedará sin efecto para ese tramo.
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