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La medida alcanza a autoridades de la Unidad 51 y a integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias, investigados por presuntos tormentos físicos, abusos sexuales y maniobras de encubrimiento contra internas.
Diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), incluidos integrantes de la cúpula de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, fueron desafectados preventivamente de sus cargos en el marco de una investigación por presuntas torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres detenidas.
La decisión fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tras las denuncias presentadas por organismos de derechos humanos. Entre los apartados se encuentra la jefa del área de Asistencia y Tratamiento del penal, Daiana Belén Balmaceda, además de autoridades que habrían avalado los hechos o no los denunciaron.
La medida también alcanza a integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), señalados como los responsables de ejecutar el procedimiento que derivó en la apertura de la causa judicial y administrativa.
Según la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4, en coincidencia con las movilizaciones por el movimiento Ni Una Menos.
De acuerdo con la acusación, el personal penitenciario ingresó a uno de los pabellones luego de una pelea menor entre dos internas. Durante el operativo, habrían utilizado gas pimienta en espacios cerrados y bloqueado las vías de salida de las detenidas.
La presentación judicial sostiene además que las mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a efectivos masculinos. Ante la resistencia de algunas internas, se habrían producido agresiones físicas que derivaron en graves lesiones.
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El escrito detalla que varias detenidas fueron sometidas a golpizas y que algunas habrían sufrido prácticas de asfixia mediante la inmersión de sus cabezas en piletones con agua. Además, la denuncia señala que al menos dos mujeres fueron víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en dependencias del sector educativo del penal.
La Comisión Provincial por la Memoria también denunció presuntas maniobras de encubrimiento posteriores, entre ellas el traslado de tres denunciantes a otras unidades penitenciarias y la destrucción de pertenencias personales. Mientras la auditoría de Asuntos Internos mantiene abiertos los sumarios administrativos, el fiscal Álvaro Garganta avanza con pericias médicas y otras medidas de prueba para determinar responsabilidades y esclarecer la gravedad de los hechos denunciados.
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