La investigación por la clínica donde hallaron ocho fetos sumó nuevos capítulos: hay pedido de captura nacional e internacional para dos familiares de la menor abusada y crecen las sospechas sobre una posible red ilegal de venta de bebés.

La causa de la Clínica Santa María en Villa Ballester sumó en las últimas horas nuevos elementos que profundizan la gravedad del caso. La Justicia ordenó la captura nacional e internacional de dos familiares de la nena de 12 años embarazada producto de una violación, mientras avanza además una investigación sobre una ONG que habría intervenido en el traslado de la menor y su madre desde Santiago del Estero hacia Buenos Aires.

Fuentes judiciales confirmaron que ambos sospechosos continúan prófugos y son buscados intensamente. En paralelo, los investigadores intentan determinar cuál fue el rol de la organización señalada en el viaje de la adolescente, una línea que podría ser clave para establecer si hubo una estructura detrás del caso.

La pesquisa, que ya estaba centrada en el hallazgo de ocho fetos en bolsas de residuos dentro de la clínica, se mueve ahora sobre distintas hipótesis: desde una presunta red vinculada a la trata de personas o sustracción de menores, hasta posibles abortos clandestinos tardíos realizados en el establecimiento.

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La Justicia busca establecer qué ocurrió con el bebé de la menor y cuál fue el rol de la clínica.

La Justicia busca establecer qué ocurrió con el bebé de la menor y cuál fue el rol de la clínica.

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Uno de los principales interrogantes sigue siendo qué ocurrió con el bebé de la menor. La Justicia intenta establecer si la adolescente llegó al lugar para dar a luz -tenía fecha de parto para mayo- o si allí se practicó un aborto. Ese punto es central en el expediente, especialmente porque persiste la duda sobre el paradero del bebé. La investigación por la clínica donde hallaron ocho fetos sumó nuevos capítulos: hay pedido de captura nacional e internacional para dos familiares de la menor abusada y crecen las sospechas sobre una posible red ilegal.

En ese marco, se ordenaron estudios de ADN sobre los restos encontrados durante el allanamiento y se analiza documentación secuestrada, entre ella historias clínicas, registros manuscritos y otros documentos internos que podrían revelar si existía un circuito sistemático de prácticas irregulares dentro del centro de salud.

También está bajo análisis si la clínica realizaba interrupciones avanzadas de embarazo de manera periódica. Según fuentes del caso, en la zona era conocida por este tipo de procedimientos, que solían concentrarse determinados días y con un mismo profesional. Incluso señalaron que los ocho procedimientos detectados tendrían respaldo en historias clínicas y uno de ellos podría corresponder a la niña de 12 años.

Pese a las sospechas judiciales, una inspección del Ministerio de Salud bonaerense sostuvo que no se detectaron irregularidades graves en el establecimiento. En un comunicado oficial indicaron que los restos estaban correctamente dispuestos como residuos patogénicos y que las observaciones realizadas fueron menores, sin motivos para clausurar la clínica.

Aun así, la Justicia mantiene abiertas todas las líneas investigativas. La posible existencia de una red ilegal, el rol de la ONG que vinculó a la familia con Buenos Aires, el destino del bebé y las responsabilidades médicas dentro del establecimiento siguen bajo la lupa.

Por ahora no hay nuevos allanamientos previstos, aunque la causa continúa en plena expansión. Con dos prófugos, una organización bajo sospecha y múltiples hipótesis abiertas, el expediente ya dejó de ser solo una investigación sobre una clínica y pasó a enfocarse en una posible trama mucho más compleja

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