Bullrich cuestionó Milei y defendió a los periodistas condenados en Formosa

“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó Bullrich en su cuenta de X.

La postura de Bullrich se conoció luego de que Milei celebrara la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.

El fallo, identificado como N° 351/2026 y firmado por el juez Omar Padilla, condenó a los cuatro integrantes del equipo periodístico a “cinco días de arresto”. La pena puede ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno de los comunicadores.

Milei había respaldado la resolución y arremetido contra los periodistas y el periodismo en general. En una publicación en redes sociales, calificó a los profesionales del medio como “basuras inmundas con micrófono” y afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su mensaje con la expresión “CIAO!”.

La sentencia consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.

El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. Los comunicadores habían viajado hasta el lugar para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de sus habitantes.

Durante la cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron alrededor de dos horas mientras eran notificados de una denuncia. Según la reconstrucción del episodio, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López.

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Posteriormente, López manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado. El caso derivó en la resolución judicial que sancionó a los cuatro integrantes del equipo por la actividad desarrollada durante la cobertura.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que los periodistas hayan sido sancionados por el ejercicio de su actividad profesional. ADEPA sostuvo que en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió sobre la criminalización de la labor informativa.