Buscan determinar si la esposa de Adorni es contratista del Estado

Las medidas fueron dispuestas a partir de un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, en el marco de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Según consta en el expediente, el objetivo es determinar si existió algún tipo de “proceso de simulación” en contrataciones públicas que pudiera haber derivado en un conflicto de interés entre la función pública de Adorni y actividades privadas de su entorno familiar.

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En ese contexto, el magistrado solicitó copia íntegra de expedientes administrativos vinculados a distintos procesos de contratación estatal. Entre ellos, figuran servicios de mensajería y comunicación directa, envío masivo de SMS, herramientas tecnológicas como Jira y Confluence, correos transaccionales y la concesión para la explotación comercial del predio de Tecnópolis.

Además, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos societarios completos de varias firmas -entre ellas AREA TECH S.A., ATX S.A., MOVILGATE S.R.L., LUGALU S.A., EQUILA S.R.L., TSOFT INFORMÁTICA S.A.S. y TECNOSOFTWARE S.A.- con el fin de analizar su composición accionaria y detectar posibles vínculos.

¿Hubo contratos con el Estado?

En paralelo, la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete, deberá informar si empresas como DATCO S.A., National Shipping S.A. y FOGGIA GROUP S.A. mantuvieron contratos con el Estado. En caso afirmativo, deberá remitir toda la documentación relacionada con los procesos en los que resultaron adjudicatarias.

Uno de los ejes de la investigación apunta a la consultora +Be, de la cual Angeletti sería socia. Según la denuncia, esa firma podría haber tenido como cliente al Grupo Datco, proveedor de servicios en distintos organismos públicos, lo que abre la posibilidad de un eventual entrecruzamiento de intereses.

Asimismo, el expediente busca esclarecer si existe un entramado societario vinculado a la concesión del predio de Tecnópolis, una operación que estaría bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por el momento, el fiscal Stornelli aclaró que no hay imputados en la causa y que las medidas dispuestas tienen como finalidad reunir elementos para determinar si existió alguna irregularidad. La investigación se encuentra en una etapa preliminar, enfocada en reconstruir vínculos comerciales y eventuales conexiones entre el sector público y privado.