Causa Adorni: la escribana Nechevenko queda al borde de la imputación

La principal sospecha sobre la notaria es no haber verificado el origen de los fondos utilizados en las transacciones vinculadas al funcionario libertario.

La causa investiga distintas operaciones inmobiliarias y préstamos que habrían permitido a Adorni adquirir propiedades. En ese marco, este lunes declararon dos mujeres policías —madre e hija— que confirmaron haber otorgado un préstamo de alrededor de 100 mil dólares con garantía hipotecaria, una operación que, según indicaron, fue propuesta por la propia escribana.

Este testimonio refuerza las dudas sobre el rol de Nechevenko, quien no solo certificó las escrituras sino que también habría intervenido activamente en la articulación de los acuerdos financieros. La falta de controles sobre el origen del dinero aparece como uno de los puntos más sensibles del expediente.

Esta postura podría traerle consecuencias a Nechevenko, especialmente si la investigación —además de apuntar a un presunto enriquecimiento ilícito— incorpora la hipótesis de lavado de dinero. En ese marco, los escribanos son considerados “sujetos obligados” y, conforme a los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) vigentes en Argentina, deben adoptar medidas de control y reunir información específica en cada operación.

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Existen diversas normativas que regulan esta actividad, entre ellas la resolución 242/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), orientada específicamente al trabajo de los escribanos, además de la ley antilavado, que los obliga a reportar operaciones sospechosas.

Asimismo, desde 2022, el GAFI implementó un enfoque basado en el “riesgo”, que exige a escribanos, contadores, entidades bancarias, financieras y otros actores identificar posibles maniobras de lavado de activos.

La investigación ya venía acumulando elementos que ponían bajo la lupa tanto las condiciones de compra de los inmuebles como la procedencia de los fondos. En distintos tramos del expediente se mencionan préstamos de particulares, varios de ellos provenientes de personas jubiladas, lo que profundizó las sospechas sobre posibles maniobras irregulares.

Con este nuevo avance, la causa suma presión sobre el entorno del funcionario y podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba que existieron irregularidades en la validación de las operaciones. Mientras tanto, el expediente sigue escalando y amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el Gobierno.