Causa Vialidad: ni Cristina Kirchner ni los otros condenados pagaron los US$537 millones

Con el plazo vencido a las 9.30 de este miércoles, el juez Jorge Gorini, está ahora en condiciones de iniciar el proceso de ejecución patrimonial. La expresidenta había pedido este martes la suspensión de esta instancia y rechazado el cálculo oficial del dinero a devolver.

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La Causa Vialidad expuso una maniobra defraudatoria que involucró la utilización del Estado para “beneficio personal”, 51 procesos licitatorios de direccionaron a favor un único conglomerado empresarial, el que le pertenecía a Lázaro Báez. Todo ello generó un perjuicio multimillonario al Ejecutivo nacional.

En función de esa cifra que se había fijado en $ 85.000 millones, Gorini pidió la actualización a los peritos de la Corte Suprema. El número quedó entonces en más de $ 684.000 millones y, tras ser avalado por el TOF 2, pasó a ser el monto exigido a los condenados para que, de forma voluntaria, pagaran como responsables de la maniobra defraudatoria.

Cristina y los otros ocho condenados

En la lista de los que debían depositar los fondos aparecen, además de la expresidenta, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Como ninguno cumplió con lo ordenado por el magistrado, la instancia siguiente será la ejecución de los bienes embargados en el marco de este expediente hasta llegar a cubrir la cifra que se fijó como el decomiso. Junto con la intimación del pago, Gorini adoptó otras medidas tendientes a la ejecución de bienes.

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Cristina Kirchner y Lázaro Báez, dos de los condenados en la Causa Vialidad.

En este sentido ordenó ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles “que son objeto de cautela en el marco de esta causa, hasta cubrir la suma de $684.990.350.139,86, a cuyo fin se habrá de requerir a los registros correspondientes la actualización registral de los montos oportunamente informados”.

Cuando se intimó a los nueve condenados, encabezados por Cristina Kirchner, a que depositen en el plazo de diez días hábiles el dinero que expone el fraude ocasionado, el TOF 2 dijo: “De acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines".

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En este contexto y antes de que venza el plazo impuesto por el TOF 2 la expresidenta había pedido la suspensión de la ejecución patrimonial. En primer lugar consideró que el monto exigido era incorrecto y que -a lo sumo- la cifra es la calculado por su perito: poco más de 42.000 millones de pesos.

Al entender que el monto estaba mal calculada pidió que la ejecución de bienes se suspenda. También sostuvo que su patrimonio al que calificó de legítimo, no fue resultado de la maniobra investigada motivo por el cual no puede ser alcanzado por un decomiso. En primer lugar, será el Tribunal el que resuelva si concede el recurso y su efecto suspensivo para que finalmente, la Cámara de Casación se pronuncie sobre esta discusión.