Dos presentaciones penales apuntan a presuntas irregularidades en préstamos a funcionarios y legisladores. El Gobierno defendió la legalidad de las operaciones.

Dos denuncias penales por el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo quedaron radicadas en la Justicia y abrieron un nuevo frente de conflicto para el Gobierno, que ya prepara su estrategia de defensa.

Las presentaciones ingresaron en los juzgados federales de los Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, y ambas buscan determinar si existieron irregularidades, trato preferencial o conflictos de interés en la adjudicación de préstamos por montos millonarios.

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La Justicia analiza las condiciones de los préstamos.

La Justicia analiza las condiciones de los préstamos.

De qué se tratan las dos denuncias

La primera denuncia, apunta contra el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, y apunta a posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La segunda, además de Tillard, incluye a funcionarios y legisladores beneficiados. Busca determinar si hubo trato preferencial o conflictos de interés en los créditos. Entre los señalados figuran Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y los legisladores libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

La defensa del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo aseguró durante la noche del domingo que los créditos “fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente”, con respaldo y capacidad de repago comprobables.

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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi tras conocerse que había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones.

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Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a criterios de austeridad dentro de la gestión.

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Mientras avanza la investigación judicial, el Gobierno trabaja en una respuesta formal que presentará en los tribunales.

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