El tribunal que preside Jorge Gorini busca desactivar cualquier maniobra especulativa que proyecte una estadía de la expresidenta fuera de Argentina a la espera de un eventual cambio de gobierno que le permita recibir un indulto.
Jorge Gorini, juez encargado de ejecutar la pena contra la expresidenta Cristina Kirchner y los otros ocho implicados en la Causa Vialidad, le envió un documento a Migraciones para informar sobre la situación de los sentenciados tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena.
La medida, según se indicó, apunta a reforzar los controles para que ninguno de los involucrados que deben cumplir penas efectivas de prisión se escapen del país y consigan entrar a otra nación con el que Argentina no tenga un tratado de extradición.
El informe busca, por lo tanto, que se refuerzan los controles y se incorporan los nombres de los condenados en las bases de datos de ingresos y salidas del país con información de la situación procesal de la exmandataria, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
La idea que motivó el pedido, según indicar fuentes cercanas al tribunal, es evitar casos como el de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que teniendo un pedido de captura se declaró en rebeldía durante tres años en Uruguay en el marco de una causa por presuntas amenazas en la que ya fue sobreseído.
De este modo, el tribunal que preside Gorini busca desactivar cualquier maniobra especulativa que proyecte una estadía de la expresidenta fuera del país a la espera de un eventual cambio de gobierno que le permita recibir un indulto. Una gran cadena de supuestos que la Justicia busca cortar de raíz.
El comunicado a Migraciones fue solo una de las primeras medidas de la Justicia, luego de que la Corte dejara firme la sentencia contra la expresidenta y las actuaciones volvieran al Tribunal de origen. Al igual que otros condenados, Cristina Kirchner pidió cumplir la pena en su casa.
Desde el miércoles, esa solicitud está en manos del fiscal del juicio, Diego Luciani, quien tiene tres días para pronunciarse. Luego, volverá al juez Gorini que lo definirá junto a sus colegas del tribunal. En esa línea, Gorini ordenó también un estudio socio ambiental para valorar las condiciones del domicilio elegido por Cristina Kirchner para cumplir la pena.
Además, se solicitó al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich que informe qué lugares pueden recibir a la condenada teniendo en cuenta que fue dos veces presidenta, una vez vice y que su figura requiere “estándares especiales” puesto que fue víctima de un atentado. El oficio fue recibido ayer por la tarde por la cartera de Seguridad.
El tribunal ya rechazó el pedido de la expresidenta de permanecer en su casa hasta tanto se defina si puede o no cumplir la pena allí, por lo que se deberá presentar personalmente ante el tribunal sin excepciones. Como parte de las primeras medidas también se comunicó a la Cámara Electoral que Cristina Kirchner ya no podrá postularse como candidata, dado que su condena por fraude al Estado contempla la inhabilitación perpetua a cargos públicos, además de los seis años de prisión.
El juez Gorini dio un plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten para ser detenidos. Ese lapso se definió, de acuerdo con lo que explicaron fuentes judiciales, en función de algunos de los condenados residen en otras provincias y algunos domicilios están desactualizados.
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