Cristina Kirchner, frente a su hora más crítica/ Por Candelaria de la Sota

Lejos de lo simbólico, la sentencia implica consecuencias concretas: el Tribunal Oral Federal N°2 fijó un plazo de cinco días hábiles para que la expresidenta se presente ante la justicia. Y aunque los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la “detención inmediata” de la condenada, el juez Jorge Gorini rechazó ese pedido.

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En ese mismo acto, los abogados de Cristina Kirchner podrían solicitar la prisión domiciliaria, amparándose en su edad —tiene 72 años— y en condiciones de salud. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan que el tribunal, con la presión pública y política que el caso conlleva, opte por disponer primero una evaluación médica y un eventual paso intermedio por una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. De hecho, no pasó desapercibido que le quitaran el beneficio de la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, quien fue trasladado a la unidad 15 del Servicio Penitenciario que se encuentra ubicada en Rio Gallegos.

El dinero "debe volver al pueblo"

Como parte de la condena, la Justicia también fijó una devolución al Estado: la ex presidenta deberá reintegrar, junto con el resto de los condenados, unos $ 84.000 millones, equivalentes a aproximadamente 70 millones de dólares. Ese monto fue calculado como el perjuicio económico por las irregularidades en las licitaciones. Es un número simbólicamente potente, que el Gobierno actual no ha dejado pasar: en los pasillos oficiales ya se desliza la idea de que ese dinero “debe volver al pueblo”.

# ConCristinaNo

En paralelo, se multiplicaron las muestras de apoyo a Cristina. Kirchner. Agrupaciones estudiantiles iniciaron tomas simbólicas en algunas facultades de la UBA, como Sociales y Filosofía, mientras sindicatos nucleados en la CTA y sectores del peronismo más duro preparan movilizaciones para los próximos días.

En las redes sociales, el hashtag #ConCristinaNo se convirtió rápidamente en tendencia, mientras militantes y referentes del kirchnerismo acusan a la Corte de ser “la pata judicial del modelo neoliberal”. Para ellos, no se trata solo de un fallo judicial: es un intento por borrar de la política argentina a la dirigente más influyente de los últimos veinte años.

"Una victoria de la Justicia sobre la impunidad"

Desde el oficialismo, en cambio, la lectura es muy distinta. El presidente Javier Milei celebró la decisión como “una victoria de la justicia sobre la impunidad”, y sus funcionarios más cercanos repitieron el mensaje de que “se terminó el país de la casta”. En términos simbólicos, el fallo refuerza la narrativa libertaria de ruptura con el pasado, aun cuando el país atraviesa una crisis económica profunda y la mayoría de los indicadores sociales siguen empeorando.

El futuro de Cristina y del peronismo

Más allá de lo jurídico y de lo inmediato, el fallo plantea un dilema político de fondo: ¿qué lugar ocupará Cristina Fernández de Kirchner en el futuro del peronismo? Ya sin posibilidades de ser candidata, su rol podría transitar entre el liderazgo simbólico y el tutelaje de nuevas figuras, como Axel Kicillof, que rápidamente se mostró en sintonía con su jefa política. La expresidenta, por su parte, anticipó que recurrirá a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando una persecución orquestada por poderes económicos, mediáticos y judiciales.

La historia no está cerrada. La judicialización de la política —y la politización de la justicia— seguirá alimentando el debate público. Cristina enfrenta ahora el inicio formal de su condena, pero también el inicio de una nueva etapa: aquella donde su figura deberá reinventarse desde la resistencia, una vez más, aunque ahora fuera del juego institucional.