El sucesor del saliente Alejandro Vilches llega al cargo con el objetivo de optimizar el acceso a las prestaciones del sector. Fue presidente de IOMA.
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, el organismo que reemplaza a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El sucesor de Alejandro Vilches llega al cargo con el objetivo de optimizar el acceso a las prestaciones del sector, fortalecer los mecanismos de control e impulsar una administración eficiente de los recursos públicos, tal como informó el Gobierno.
La designación se produjo en el mismo día en que la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa por corrupción en Discapacidad
Asimismo, Di Liscia continuará al frente del proceso de auditoría de pensiones por invalidez laboral iniciada con el objetivo de detectar irregularidades luego de que se detectaran problemas estructurales en lo que supo ser la Andis.
Fuentes de Balcarce 50 revelaron que Luis Caputo acercó el nombre debido su perfil técnico y experiencia en IOMA para que trabaje en los números del área. “Es un tipo de orden y reforma administrativa”, sostuvieron ante este medio.
Di Liscia, según precisó Presidencia, cuenta con un recorrido tanto en el sector público como en el privado. Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, entidad que administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados.
Con anterioridad, ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, trayectoria que se completa con más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas.
Desde el oficialismo explicaron que la gestión de Di Liscia dará continuidad al proceso de auditoría integral sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
La meta central expresada por el organismo será detectar irregularidades y dar de baja aquellos beneficios otorgados de manera fraudulenta, con el fin de reorientar los fondos estatales hacia las personas que efectivamente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y salud.
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