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El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero para que el organismo pueda afrontar pagos a prestadores y proveedores.
El Gobierno nacional autorizó un aporte financiero reintegrable de más de $580 mil millones para el PAMI, en medio de los reclamos por demoras en pagos, cortes de servicios y falta de entrega de medicamentos a jubilados y personas con discapacidad.
La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial. Allí se reconoció la “crítica situación financiera” que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Según el texto oficial, los fondos estarán destinados a “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios”.
Para concretar la asistencia, el Ministerio de Economía emitirá nueva deuda en pesos mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos entre julio y septiembre de este año.
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El esquema se dividirá en tres tramos:
- 33% con vencimiento el 31 de julio de 2026, por unos $173.672 millones.
- 33% con vencimiento el 31 de agosto de 2026, por aproximadamente $164.037 millones.
- 34% restante con vencimiento el 30 de septiembre de 2026, por unos $187.363 millones.
Los instrumentos financieros serán entregados a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026 y deberán ser reembolsados dentro del mismo ejercicio financiero, tal como establece la Ley de Presupuesto 2026.
La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Reclamos y presión judicial
La asistencia financiera llega en medio de crecientes reclamos de prestadores de salud y organizaciones vinculadas a discapacidad por atrasos en los pagos y suspensión de servicios.
Esta semana, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al programa Incluir Salud normalizar la cadena de pagos en un plazo de 72 horas, en el marco de una medida cautelar de alcance nacional.
El fallo advirtió sobre interrupciones en terapias y dificultades en la entrega de medicamentos para personas con discapacidad y adultos mayores.
Por su parte, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, reconoció días atrás que el organismo atraviesa un “estrés financiero”, aunque negó que exista una situación de colapso. Según explicó, el incremento en la expectativa de vida y el aumento de enfermedades crónicas generan mayores costos para el sistema.
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