El Gobierno quiere que las Fuerzas Armadas puedan participar ante hechos terroristas

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“Se plantea modificar la Ley de Seguridad Interior para incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un Comité de Crisis. Las Fuerzas Armadas pueden trabajar de forma coordinada con las fuerzas de seguridad”, sostuvo el funcionario a cargo de dar a conocer las novedades del Gobierno de Javier Milei.

Luego, en una clara referencia a la firma del denominado Memorándum de Entendimiento on Irán suscripto durante la presidencia de Cristina Kirchner, Adorni agregó: “Hace años se firmaban pactos de silencio con los que causaban dolor y muerte a los argentinos y hoy se los enfrenta con todo el peso de la ley”.

De acuerdo con lo que trascendió, en el Gobierno analizaron como antecedente para las reformas los hechos ocurridos en Rosario, donde un grupo ilegal cometió actos criminales con el objetivo de generar terror. Entre los equipos técnicos de Seguridad y Defensa buscan permitir que los militares puedan tener mayor capacidad de intervenir en caso de que una autoridad competente declare actos de terrorismo.

Este punto hace referencia a un decreto firmado por Alberto Fernández en 2020 que desactivó la actualización que había hecho previamente el ex presidente Mauricio Macri para permitir que los militares puedan enfrentar “agresiones externas” que no sean sólo de Fuerzas Armadas de Estados Nacionales. Fernández repuso la vigencia de un anterior decreto, rubricado en 2006 por Néstor Kirchner, que fijaba de manera explícita esos límites y les impidía cualquier tipo de intervención en cuestiones de seguridad interior.

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El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Defensa, cartera a cargo de Luis Petri.

“El mencionado Decreto N° 703/18, al establecer como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas al conjunto de las denominadas ‘nuevas amenazas’, pone en severa e inexorable crisis la doctrina, la organización y el funcionamiento de una herramienta como el Instrumento Militar, que se encuentra funcionalmente preparada para asumir otras responsabilidades distintas de las típicamente policiales”, estableció la resolución presidencial que en 2020 repuso el decreto K.