Las amenazas de bomba a escuelas, con ruido electoral

El fenómeno, que recrudeció en las últimas semanas, tiene dos aristas: en la mayoría de los casos se constató que los autores son estudiantes pero también fuentes del oficialismo lo adjudican al “ruido” preelectoral y aventuran que las intimidaciones cesarán una vez pasados los comicios.

Un integrante de la campaña de Cambiemos en la provincia recordó ayer el caso del concejal del massismo detenido en Junín por una llamada intimidatoria a un colegio que partió desde su teléfono.

El 28 de setiembre fue detenido el edil del FR, Claudio Martínez y también Marcela Giordano, esposa de un puntero que responde al ex intendente Mario Meoni. Aunque la justicia determinó que fueran demorados los titulares de las líneas telefónicas, no descarta que las llamadas fueran realizadas por los hijos de ambos.

Por su parte, un armador del oficialismo en La Matanza teme que las llamadas se repliquen el mismo 22 de octubre en escuelas del distrito.

“Hay nerviosismo en algunos sectores y ante una llamada así, podrían meterte hasta una Billiken en la urna”, exageró. No obstante, en el oficialismo consideran al fenómeno “ruidos propios de tiempos pre-electorales” que se apagarán con el recuento de los votos.

Lo cierto es que las autoridades de seguridad de ambos distritos explican que la mayoría de las llamadas intimidatorias son realizadas por menores que concurren a los propios establecimientos.

Según los datos de Seguridad bonaerense, entre el 1º de septiembre y el 4 de octubre de 2017 se registraron 1991 llamados telefónicos que alertaban que se había colocado “una bomba en el lugar” y se determinó que la mayoría de los casos fueron realizados por menores de edad. Salvo una llamada realizada a un colegio de Almirante Brown, donde se encontró una granada, las restantes alertas dieron resultado negativo. “Creció una locura el número pero no todas fueron amenazas sino que varias llamadas partieron del mismo establecimiento, por ejemplo de una directora o un preceptor alertando del hecho”, consignó un vocero consultado.

Sí a partir de la catarata de llamadas al 911, se iniciaron 1014 actuaciones judiciales en distintos tribunales de la Provincia. Una enormidad en poco más de un mes.

En el mismo período 15 personas fueron detenidas en un total de 8 allanamientos que permitieron dar con los acusados de realizar las intimidaciones a colegios de Morón, Castelar, Adrogué, Hurlingham, Ituzaingó y Quilmes como así también en dos distritos del interior: Tandil y Lezama.

El caso más resonante se produjo el 22 de septiembre pasado en la escuela ubicada en Castelar, donde asisten los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal. En esa oportunidad la Policía de la provincia de Buenos Aires dio con el responsable de la amenaza de bomba, un adolescente de 17 años, que fue puesto a disposición de la Justicia Penal Juvenil y también detuvo a su madre, dueña del celular del que partió la llamada.

En este contexto, el ministro de seguridad provincial, Cristian Ritondo, sostuvo ayer que una amenaza de bomba en una escuela ‘no es una broma, es un delito’ y que se trata de “un acto de intimidación pública penado por la ley”.

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A su vez, el ministro aseguró que ‘como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos’, al tiempo que advirtió que ‘con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados. Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión’.

En tanto, la Capital Federal no está ajena a este fenómeno. Ayer por la mañana cientos de alumnos del IEA de Villa del Parque debieron ser evacuados a raíz de un aviso intimidatorio. No fue el único caso.

Según fuentes de la cartera de Seguridad porteña, las llamadas de amenazas entran al 911 y, en promedio, suman unas 140 por semana. ‘Son breves y en un 60% de los casos se sabe el numero del que se llama. En los casos en los que la justicia actúa encontramos a menores detrás de las amenazas. Hay un efecto contagio’, concluyeron.