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El Gobierno de Javier Milei negocia con Estados Unidos un programa de ciberseguridad que contempla financiamiento de hasta US$13,9 millones durante tres años.
El Gobierno de Javier Milei profundiza su alineamiento estratégico con Estados Unidos y avanza en negociaciones para implementar un ambicioso programa de ciberseguridad que contempla el reemplazo progresivo de tecnología china instalada en redes y sistemas informáticos de organismos públicos nacionales.
La iniciativa prevé financiamiento estadounidense por hasta US$13,9 millones y la creación de un centro especializado para proteger la infraestructura digital del Estado.
El proyecto, que todavía se encuentra en etapa de diseño entre funcionarios de ambos países, apunta a modernizar los sistemas de seguridad informática, mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles ciberataques y reducir la dependencia de proveedores tecnológicos considerados sensibles por Washington.
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Según fuentes vinculadas con las negociaciones, el Departamento de Estado estadounidense aportaría hasta US$13,9 millones durante un período de tres años para financiar asistencia técnica, capacitación y el desarrollo de nuevas herramientas de protección digital.
Uno de los ejes centrales será la creación de un Centro Nacional de Operaciones de Seguridad (SOC), que funcionaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y concentraría tareas actualmente distribuidas entre diferentes organismos públicos.
Redes estatales
La nueva estructura tendría a su cargo la supervisión permanente de las redes estatales, la detección de amenazas informáticas, la centralización de alertas y la coordinación de respuestas ante incidentes que puedan comprometer información sensible o servicios esenciales.
El programa también contempla un relevamiento exhaustivo de los centros de datos, sistemas y redes utilizados por la administración pública nacional.
Durante esa primera etapa, especialistas deberán identificar equipamiento considerado vulnerable, establecer prioridades de sustitución y definir estándares de seguridad para futuras adquisiciones tecnológicas.
El reemplazo de dispositivos de origen chino sería progresivo y estaría concentrado inicialmente en aquellas áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado.
La iniciativa incluye, además, la actualización de protocolos de intercambio de información entre dependencias gubernamentales y la adecuación de marcos regulatorios vinculados con la seguridad informática.
Ciberdefensa
Otro componente será la capacitación de especialistas argentinos en ciberdefensa, análisis de amenazas, gestión de incidentes y protección de infraestructura estratégica.
El entendimiento se inscribe en una disputa geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China por el control de las tecnologías digitales. Washington impulsa en América Latina la utilización de proveedores que considera confiables y advierte sobre los riesgos que, según su evaluación, representa la incorporación de equipamiento chino en sectores sensibles.
En ese contexto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, se convirtió en uno de los principales impulsores de esta posición.
Durante distintas intervenciones públicas, el diplomático cuestionó la utilización de tecnología desarrollada por compañías como Huawei y sostuvo que las leyes chinas pueden obligar a esas empresas a colaborar con los organismos de inteligencia de Beijing.
Según la postura estadounidense, esa situación podría representar riesgos para la protección de información confidencial y afectar la llegada de inversiones extranjeras a sectores estratégicos.
Se trata, sin embargo, de advertencias formuladas por Washington, que no constituyen por sí mismas pruebas de vulnerabilidades concretas en los equipos instalados en Argentina.
Cooperación tecnológica
Para la administración libertaria, el proyecto representa una nueva instancia de cooperación tecnológica con Estados Unidos, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su llegada a la Casa Rosada.
De concretarse, el acuerdo permitiría avanzar en la modernización de la infraestructura informática estatal y establecer mecanismos de respuesta coordinada frente a posibles ataques.
Por ahora, las conversaciones continúan y todavía resta definir el alcance definitivo del financiamiento, los plazos de implementación y los organismos que participarán del programa.
La iniciativa vuelve a colocar a la Argentina en el centro de la competencia tecnológica entre Washington y Beijing, con la ciberseguridad y el control de la infraestructura digital como nuevos escenarios de disputa internacional.
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