La iniciativa prevé herramientas de transparencia, sanción y prevención y alcanzará a 50 organismos del Poder Ejecutivo.

El año pasado y en medio del escándalo por la causa de los cuadernos, el presidente Mauricio Macri anunció un plan nacional de lucha contra la corrupción. Ahora, y antes de fin de mes, la iniciativa se hará tangible a partir de un decreto, donde se detallarán los ejes centrales y herramientas de transparencia, sanción y prevención.

La medida, que será aplicada para los próximos cuatro años e independiente de quien gane las elecciones de octubre próximo, está siendo trabajada por Laura Alonso desde la Oficina Anticorrupción; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el director de la Agencia de Acceso a la Información, Eduardo Bertoni, y el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023 apunta a "establecer objetivos prioritarios de transparencia" en 50 organismos estatales dependientes del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que informó Infobae, y pretende replicar modelos similares de países como Gran Bretaña, España y Colombia.

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El decreto contemplará tres ejes de prioridad: transparencia y gobierno abierto, integridad y prevención y sanción e investigación. En el primer punto, se contemplan medidas más ágiles de acceso a la información pública, asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones muy severas.

En el tema de "integridad y prevención" se prevén también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del Ejecutivo, para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública.

Por último, el punto de "investigación y sanción", prevé un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento riguroso de lavado de dinero, el esquema de recupero de activos y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.

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