Por qué el Gobierno decidió realizar recortes en la estructura del Estado

Un “gesto de austeridad” que busca descomprimir y, al decir de un funcionario, “marca límites” hacia quienes puedan vulnerar la bandera de transparencia que pregona Cambiemos.

Pero para tener más detalles habrá que esperar a los próximos días -según anticipó Mauricio Macri durante el anuncio del plan-, cuando sea publicado el decreto que establece los cambios en el Boletín Oficial. Es que aunque las restricciones a familiares no alcanzarían a primos, tíos y sobrinos de los integrantes del Ejecutivo, habrá que esperar hasta la semana próxima cuando sería publicado el texto.

Sí este medio pudo saber que los cambios tendrían vigencia desde el 1 de marzo; ergo hay una docena de funcionarios que tienen plazo para renunciar hasta esa fecha.

Un borrador que hicieron circular voceros poco después de los anuncios decía que “el decreto establecerá que ningún ministro del gobierno nacional podrá tener un familiar -hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad- designado o contratado en ninguna dependencia de la administración pública nacional, organismos descentralizados ni empresas públicas”. Aunque el texto no especifica si las restricciones alcanzan a Macri y a Gabriela Michetti (como presidente y vice), una fuente oficial dio a entender que sí están comprendidos dado que es para todo el gabinete. Al cierre de esta edición, en el oficialismo admitían que en Legal y Técnica “están afinando la lapicera” con los detalles del texto. Desde Modernización y la Secretaría de Coordinación Interministerial de Mario Quintana también admitían que restaban detalles para conocer la “letra chica”.

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Lo cierto es que el “gesto de austeridad” fue anunciado a 72 horas del comienzo de una batería de aumentos en las tarifas de luz, colectivos y trenes -serán los primeros incrementos con alzas del 33% y 37% respectivamente, y las cuotas de la medicina prepaga. Así el gobierno decidió formalizar el mentado ajuste de la política que finalmente eliminará mil cargos -hasta hace una semanas se preveían 650- de la alta administración pública. Empero, los anuncios vinieron acompañados por una medida decantada del escándalo en el que quedó envuelto Jorge Triaca, que ayer estuvo ausente en el Salón Blanco.

Una calificada fuente consultada por este diario negó que ese haya sido el motivo de las restricciones para acceder a cargos públicos de allegados de los funcionarios, una enmienda guardada bajo cuatro llaves y que fue una decisión del propio Macri, según se hizo saber. “Hubo idas y vueltas en la decisión de la prohibición de nombrar familiares en cargos políticos y en el congelamiento de los salarios.

Porque es algo que se puede analizar desde las dos campanas, como cuando alguien idóneo no puede ser parte, o por otro lado para aventar sospechas de algo oscuro al nombrar un familiar”, confió, al tiempo que consideró que “la vara de la transparencia (que se puso el gobierno) depende de quien la mida: antes decían que eran muchos los funcionarios (con vínculos con ministros), ahora que son 10 los que sacamos”. No obstante, el filtro de segundo grado de consanguinidad resguarda a varios por ejemplo a Miguel Braun, primo de Marcos Peña.

Aunque Macri pidió a las provincias replicar estas medidas, en el oficialismo consideran que la única que podría ser imitada es el congelamiento de salarios.

El publicitado ajuste de la política preveía la eliminación del 20% de cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo -coordinadores, directores, subsecretarios o secretarios-, pero no “de personas” como alguna vez explicaba a este medio alguna fuente involucrada en la medida. Es decir, muchos funcionarios iban a reubicarse en puestos de menor relevancia. Con todo, en diciembre en el gobierno argumentaban que el ahorro fiscal del plan alcanzaría los $1.500 millones, el mismo que ayer anunció Macri con una poda mayor de cargos -del orden del 25%- a los previstos. El gesto de austeridad se complementa con el congelamiento de los sueldos de los integrantes del PE durante este año.

Desde su inicio la administración de Cambiemos le pidió “ajustarse el cinturón” a la población en pos de la normalización de la economía para salir de las inconsistencias que le había legado el kirchnerismo. En plena campaña para las legislativas del año pasado, quien primero percibió la necesidad de acompañar ese ajuste desde la política fue la gobernadora María Eugenia Vidal. Luego del triunfo del 22 de octubre, Macri anunció un recorte similar en la Nación y para ello puso a trabajar al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana a cargo de Diseño Organizacional que es la oficina que da las altas para los nuevos puestos jerárquicos-, y al ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

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Pero habrá que estar atentos a la implementación real de la medida; por lo pronto algunos familiares de integrantes del gabinete en diciembre dejaron sus cargos para asumir sus bancas en las distintas legislaturas, como Carla Piccolomini, esposa del ministro Ibarra, que hasta diciembre fue directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina y desde entonces es diputada nacional.

El recorte no alcanza a empresas y organismos descentralizados. En uno de ellos, el INTI, hay un conflicto ante la amenaza de 260 despidos. Ayer hubo una protesta en la colectora de General Paz, frente al establecimiento, de dirigentes gremiales que acusan a Javier Ibáñez, titular del organismo, de haber designado a 93 empleados en un año de gestión “sólo en presidencia” cuando en la anterior gestión sólo se habían incorporado a cinco asesores de esa área.

Asimismo, uno de los posibles cesanteados sería Néstor Escudero, delegado gremial del “polo textil” y uno de los fundadores de La Alameda, surgido en el combate contra el trabajo esclavo en los talleres clandestinos. Ayer en su entorno deslizaban que la semana próxima el dirigente participará de un congreso en el Vaticano con el papa Francisco