Profesores de Derecho de la UBA expresaron su recahzo a la reforma laboral

Según el texto, la reforma tiene “un único sentido y finalidad”: debilitar los derechos laborales. En ese marco, los docentes cuestionan la supresión del principio de justicia social como eje para la interpretación y aplicación de la ley, lo que consideran una señal clara del carácter regresivo de la iniciativa. A su vez, alertan sobre modificaciones profundas en el derecho colectivo del trabajo, que (según remarcan) promueven la quita de garantías para el ejercicio de la representación sindical y reprimen acciones propias de la actividad gremial.

El comunicado pone el foco en las restricciones al derecho de huelga y a la negociación colectiva. Señalan que el proyecto limita la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y establece fuertes condicionamientos para la acción colectiva, al ampliar de manera significativa el listado de actividades consideradas esenciales, que deberán mantener elevados niveles de funcionamiento incluso durante medidas de fuerza. De este modo, advierten, se restringe el derecho de huelga en sectores que abarcan casi la totalidad de las actividades productivas.

Entre los puntos cuestionados, los docentes destacan que el proyecto considera infracciones muy graves acciones como el bloqueo o la toma de establecimientos que obstruyan el ingreso o egreso de personas o bienes. En esos casos, se establece que el trabajador no devengará salario. Además, se introduce la obligación de contar con autorización previa del empleador para la realización de asambleas o congresos sindicales dentro de los establecimientos, en cuanto a horario, duración y lugar, y se fija que los trabajadores no percibirán salarios durante el tiempo que dure la asamblea.

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Una reforma que promete más empleo precarizado

En otra parte del documento, los profesores de la UBA refutan el argumento oficial de que la reforma generará más empleo registrado. Sostienen que se trata de una “falacia”, ya que la actividad económica se encuentra en descenso. Según indican, desde diciembre de 2023 se perdieron más de 250 mil empleos registrados, mientras que creció el trabajo precarizado bajo la modalidad de monotributo, con 126.177 nuevas altas. En ese contexto, remarcan que la flexibilización laboral no incentiva la contratación si no hay actividad económica que la demande.

De acuerdo con el comunicado, la reforma no facilitará la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que promoverá la desvinculación de los trabajadores que aún conservan su empleo y el abaratamiento de los costos laborales de quienes permanezcan en actividad. En esa línea, advierten que el proyecto implica una transferencia de recursos de la Seguridad Social en favor de los empleadores.

El texto también se refiere al nuevo sistema de cese laboral propuesto para costear las indemnizaciones. Según lo establecido en el proyecto, los empleadores podrán adherir a un esquema financiado mediante una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que sirven de base para calcular las contribuciones patronales. A cambio, quienes opten por este sistema accederán a una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales.

Para los profesores firmantes, el conjunto de estas medidas consolida un esquema regresivo en materia de derechos laborales y sociales, que impacta tanto en las condiciones de trabajo como en el sistema de protección social vigente.