¿Qué propone el Gobierno para la nueva ley de financiamineto universitario?

El punto más sensible del texto es la redefinición de la política salarial para docentes y no docentes, en la que a diferencia de la norma vigente, que ordena la recuperación total frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, limita la compensación a tres incrementos de 4,1% cada uno, a aplicarse en marzo, julio y septiembre de 2026 sobre los salarios básicos de diciembre de 2025.

El esquema también modifica la dinámica paritaria ya que no garantiza actualizaciones mensuales automáticas atadas al Índice de Precios al Consumidor. De este modo, la recomposición queda sujeta a negociaciones periódicas y a los márgenes fiscales definidos por el Presupuesto 2026.

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En cuanto a los gastos de funcionamiento, la propuesta elimina cualquier compensación por las pérdidas acumuladas en 2024 y 2025. El nuevo mecanismo traslada la actualización presupuestaria al ejercicio 2026 y fija un umbral inflacionario del 14,3%, equivalente a la previsión oficial incluida en el proyecto de Presupuesto.

Según el texto, solo si la inflación anual supera ese 14,3% se habilitará una recomposición adicional para sostener el incremento real de las partidas universitarias. Si el índice se mantiene por debajo de esa cifra, no habrá ajustes extraordinarios, lo que introduce un criterio de condicionalidad ligado a las metas macroeconómicas del Gobierno.

Carlos Torrendell habló de "un cambio de paradigma" por el financiamiento educativo.

La iniciativa incorpora además una partida específica de $ 80.072 millones destinada a hospitales universitarios, el cual apunta a sostener el funcionamiento del sistema de salud dependiente de las universidades nacionales, un aspecto que no estaba contemplado en la redacción original de la ley actualmente vigente.

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Otro de los cambios relevantes es la explicitación de las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo detalla las jurisdicciones y programas presupuestarios que absorberán el gasto, con el argumento de adecuar la norma a la Ley de Administración Financiera y evitar cuestionamientos sobre la viabilidad de su ejecución.

El envío del proyecto se produce en un contexto de tensión institucional por la aplicación de la ley vigente, aprobada por el Congreso y promulgada tras el rechazo a un veto presidencial, pero aún sin implementación plena. La nueva propuesta busca reemplazar ese marco normativo por uno alineado con la planificación fiscal del oficialismo.