El fiscal Carlos Stornelli pidió que el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, explique cómo participó la entidad en el operativo que permitió el regreso del gendarme argentino.
La Justicia federal avanzó sobre uno de los capítulos más sensibles y polémicos del caso Nahuel Gallo. El fiscal Carlos Stornelli solicitó que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sea citado a declarar para explicar qué rol tuvo la entidad en el operativo que derivó en la liberación y el regreso al país del gendarme argentino, quien permaneció detenido durante 448 días en Venezuela.
La convocatoria se produce luego de la extensa declaración testimonial brindada por Gallo ante la Justicia Federal, en el marco de la investigación que busca determinar posibles delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen venezolano. Según trascendió, el fiscal pretende que Tapia detalle formalmente cómo intervino la AFA en las gestiones y cuáles fueron los mecanismos de coordinación utilizados para concretar la salida del gendarme.
El pedido judicial vuelve a poner bajo la lupa un episodio que desde marzo generó tensiones políticas y versiones cruzadas dentro del Gobierno nacional acerca del verdadero alcance que tuvo el fútbol argentino como canal de negociación con las autoridades venezolanas.
Uno de los puntos centrales que motivaron la citación tiene relación con la declaración pública de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien meses atrás reveló detalles del operativo y confirmó que Tapia mantuvo una videollamada con Gallo instantes antes de que abordara el avión privado que lo trasladó desde Venezuela hacia la Argentina.
Según relató la funcionaria, el gendarme había sido trasladado desde la cárcel de El Rodeo I con el rostro cubierto y en un contexto de extrema incertidumbre, por lo que la comunicación con el titular de la AFA resultó determinante para que entendiera que efectivamente estaba siendo liberado.
“Ahí es cuando confirma que era la AFA”, sostuvo Monteoliva al describir el momento en el que Gallo tomó dimensión de la operación. La ministra también admitió que la participación de la entidad deportiva generó controversias públicas, aunque evitó hablar de “apropiación” del operativo y la definió más bien como “una necesidad de protagonizar”.
La Justicia ahora busca reconstruir con precisión cómo se desarrolló esa intervención y cuál fue el nivel de participación de dirigentes deportivos argentinos y venezolanos en las negociaciones.
En paralelo, Nahuel Gallo declaró durante más de tres horas ante el juez federal Sebastián Ramos y el propio Stornelli. Según trascendió, el gendarme describió las condiciones de detención y denunció haber sufrido torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio en Venezuela.
Gallo aseguró que decidió brindar testimonio para exigir justicia y denunciar prácticas que calificó como sistemáticas dentro del régimen venezolano. “El régimen venezolano sí tortura”, escribió posteriormente en sus redes sociales, donde además sostuvo que relatar lo vivido fue “doloroso” pero necesario.
Durante su declaración, el gendarme reconstruyó el recorrido desde el momento de su detención hasta el operativo final que permitió su salida del país caribeño. Según indicó, inicialmente creyó que sería trasladado a otro centro de detención y recién comprendió que regresaba a la Argentina cuando se encontró con dirigentes vinculados a la AFA que lo acompañaron durante el vuelo de regreso.
La citación pedida por Stornelli apunta justamente a esclarecer y documentar todos esos aspectos operativos que hasta ahora habían permanecido en el terreno de las declaraciones públicas y las versiones periodísticas.
En los antecedentes del caso, distintos medios habían señalado que la AFA trabajó “en silencio” junto a la Federación Venezolana de Fútbol y otros organismos ligados al fútbol sudamericano para facilitar la liberación del gendarme.
Por el momento no se informó oficialmente cuándo deberá presentarse Tapia ni si su declaración será presencial o virtual. Sin embargo, la decisión del fiscal marca una nueva etapa en el expediente judicial y amplía el foco de la investigación hacia el entramado de contactos políticos, institucionales y deportivos que rodearon el operativo que permitió el regreso de Nahuel Gallo a la Argentina.
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