En medio de la polémica por el aborto y el monto que se destina para sostener a la institución católica, el Estado le cederá un predio al Obispado de San Justo para la construcción de un centro comunitario.

En momentos en que el gobierno protagoniza con la Iglesia un indisimulable congelamiento en las relaciones al habilitar el debate por el aborto o difundir los sueldos de los obispos, este jueves se produjo un gesto de distensión al firmarse la cesión de un predio del estado al Obispado de San Justo para la construcción de un centro comunitario.

Aunque en Casa Rosada sostienen que no hicieron otra cosa que habilitar un debate que estaba en la “sociedad” y que “de alguna manera iba a emerger incluso con la presión que iban a sostener los bloques opositores en el Congreso”, la decisión de dar debate a la despenalización por el aborto cayó como un balde de agua fría en el Vaticano. En un reportaje publicado por este diario el último domingo, el obispo castrense Santiago Olivera advirtió que “seguramente Francisco estará con dolor por el tema del aborto”.

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En tanto, el último miércoles Marcos Peña, informó en el Congreso que el estado federal dispone de poco más de $130 millones al año para sostener a la Iglesia argentina tal como lo prevé la Constitución. Ante la consulta de una diputada cercana a Martín Lousteau, el jefe de Gabinete blanqueó que los obispos cobran unos $42 mil por mes. Aunque no significa un monto grande para el presupuesto nacional, se trata de un tema urticante y por estas horas volvieron a alzarse las voces en contra del sostenimiento del culto católico por parte del Estado.

En este marco, se conoció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) firmó un acuerdo con el Obispado de San Justo para ceder el uso del terreno ubicado entre las calles Cátulo Castillo, El Agutí, avenida Intendente Esteban Crovara y el ferrocarril Belgrano, en el partido de La Matanza.

El predio ocupa una superficie de 21.785 m2 y se destinará a la construcción de un Centro Integrador Comunitario para jóvenes del barrio que están luchando contra sus adicciones. El objetivo es crear un espacio donde puedan realizar talleres culturales y deportivos durante su proceso de recuperación.

Por este motivo, se rubricó un convenio en San Justo entre Ramón Lanús, presidente de la ex Onabe, y monseñor Eduardo García, obispo de dicha diócesis. Se trata de un prelado de perfil “francisquista”: fue auxiliar del entonces arzobispo Jorge Bergoglio en Buenos Aires cuando se encargaba de los temas de pastoral y jóvenes. Y, de hecho, visitó al Papa durante su travesía por Perú a mediados de enero.

Se trata de un gesto de distensión que, de alguna manera, busca poner paños fríos al vínculo entre el macrismo y la Iglesia.

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Lanús, que se desempeña en un organismo dependiente de Jefatura de Gabinete pero viene del larretismo y suena como precandidato a intendente de San Isidro, le restó contenido político al acuerdo y lo enmarcó en el plan Preservar, destinado a municipios, provincias y otras instituciones que requieran predios para llevar adelante tareas sociales.

Con todo, el debate por el aborto y la difusión de los sueldos de los prelados tensionaron el vínculo entre el Papa y Mauricio Macri que, desde los tiempos en que gobernaba la Ciudad, se ha caracterizado por cierta frialdad.

En la cumbre del PRO de Parque Norte del último viernes se debatió el aborto y el oficialismo intentó mostrar que subsisten dentro del espacio dos posturas encontradas. Empero, funcionarios y diputados presentes se desentendieron acerca de los efectos del tema en el vínculo con Francisco. “Qué más tenemos que hacer para saber que el Papa nos quiere”, se sinceró un funcionario.

“Nunca tuvo un gesto hacia el gobierno. Ya sabemos su postura pero no importa lo que pueda ocasionar este debate. Es un tema que hay que discutir”, azuzó, a su turno, un legislador bonaerense.

En las últimas horas una fuente oficial gubernamental consultada admitió que más allá del reclamo de la sociedad, “hubo una estrategia discursiva” para postular un tema tan sensible con el que el gobierno, a la postre, retomó la iniciativa de la agenda pública luego de un comienzo de año convulsionado.

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