Hipersensibilidad a las resoluciones judiciales. La oposición en el Congreso se resiste a volver al recinto del Congreso para la aprobación de leyes clave.

A pocos días de iniciar la feria judicial, la Corte se mostró muy activa. Entre sus fallos de los últimos días, el más trascendente fue sin dudas la confirmación de la condena a 13 años de prisión para Milagro Sala. Con su fallo, el Tribunal Supremo reconoció la autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias. Los jueces jujeños que la condenaron en su momento le atribuyeron haber cometido defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.

Semejantes cargos no alcanzaron para que desde el oficialismo salieran a reclamarle directamente al Presidente indultarla. La campaña impulsada bajo el hashtag #IndultoAMilagroSalaYa cuenta con la anuencia de figuras como el diputado Eduardo Valdés, que tiene la particularidad de ser cercano a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta vez mostró su versión alineada con la vice, al reclamarle a su amigo indultar "ya" a Sala.

Hombre clave de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque se sumó a este reclamo, como así también la diputada Blanca Osuna, quien además presentó un proyecto de declaración expresando su más enérgico repudio al fallo de la Corte. Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, a esa diputada entrerriana le tocó lidiar en la frustrada sesión especial del 1 de diciembre con la oposición que no paró de gritar mientras ella defendía el dictamen de creación de 8 universidades. Fue ella también la que totalmente sacada la emprendió allí contra el diputado Gerardo Milman -muy cercano a Patricia Bullrich- al grito de "asesino". Postales de una tarde bochornosa.

Para el jefe del bloque radical Mario Negri, la Constitución impide que el Presidente pueda hacer lo que piden para Milagro Sala. En el artículo 99° de la Carta Magna se establece que el Presidente puede indultar penas por delitos federales, mientras que la jujeña fue condenada por delitos provinciales.

Con todo, esta polémica debería apagarse antes de nacer, si se le diera crédito a lo que en campaña anticipó Alberto Fernández: "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", decía el entonces candidato en mayo de 2019.

El mismo día el Tribunal Supremo adoptó otra decisión determinante, al ordenar que se les tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados originalmente para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura.

La medida llegó en el momento justo para sacar a la Cámara de Diputados de la parálisis en la que se halla inmersa. Es que a partir de la decisión de un juez cercano a La Cámpora de invalidar la designación de la radical Roxana Reyes en el Consejo, y resolver luego la presidenta del Cuerpo anular directamente las designaciones de los cuatro representantes, se rompieron en esa Cámara todos los puentes entre el oficialismo y la principal oposición. Así se exteriorizó en las fallidas sesiones del 1° de diciembre.

Sin embargo lo resuelto por la Corte no tuvo -al menos en lo inmediato- el efecto esperado. Si bien se supone que esa medida destraba la encerrona en la que las partes habían quedado sin que ninguna tuviera que aparecer cediendo, la reacción de la oposición no cambió el status quo: la semana se cerró con Juntos por el Cambio ratificando su rechazo a dar quórum con diversos e imprecisos argumentos.

La realidad es que mientras subsista esa postura extrema entre ambos sectores, no habrá manera de reactivar la actividad en el recinto. Primera minoría, pero con apenas 118 miembros, al Frente de Todos no le alcanza con "los bloques del medio" para llegar al quórum si es que no logra sumar al interbloque Federal. Y ese sector ha dejado claro que no va a forzar nada porque "sería contribuir a la discordia". "Que primero se arreglen entre ellos", condicionan desde ese espacio de 8 miembros.

En JxC se ponen condiciones novedosas, como incluir en el temario de una próxima sesión la cuestión de los alquileres, por ejemplo. Ese es un proyecto que, a decir verdad, nadie quiere tratar, a sabiendas de que lo que pueda llegar a surgir no va a conformar a todos y, lo que es peor, no será ninguna solución. Con una inflación arañando los tres dígitos, ninguna ley de alquileres dejará satisfechos a propietarios e inquilinos.

La verdadera razón de la renuencia a sesionar habría que buscarla en el nivel de enfrentamiento extremo que alcanza a propios y extraños. Bajar a una sesión sería abrir una caja de pandora que podría desencadenar otra guerra. Cuestiones como lo de Lago Escondido y la condena a la vicepresidenta serían expuestas en el recinto por el oficialismo, además de pedidos mutuos de expulsiones planteados a partir de los sucesos registrados el 1 de diciembre.

Ya la excursión a la estancia de Joe Lewis a la que el oficialismo se aferra con singular interés provocó el fracaso de la que sesión de la Legislatura porteña de la semana pasada y nada indica que puedan volver a reunirse en los próximos meses. El Frente de Todos no tiene número para impulsar juicios políticos en ese recinto, pero sí la convicción de hacer mucho ruido allí y el oficialismo porteño no quiere darle ese espacio.

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Tampoco quiere Horacio Rodríguez Larreta entregar a su ministro de Seguridad. Ya en su momento eyectó a Martín Ocampo en 2018 como "responsable político" de los incidentes en cercanías del Monumental en la previa de la revancha de la final de la Libertadores que terminaría disputándose en Madrid. Otros tiempos y distintas circunstancias. Ceder ahora a su funcionario sería inconveniente para el jefe de Gobierno en campaña.

Los intereses de una parte del gobierno colisionan con los de la otra. Mientras unos se aferran a la cuestión judicial como si fuera prioridad absoluta, el sector operativo que vendría a representar Sergio Massa explora los caminos para llevar adelante las medidas que permitan reparar el Titanic.

Con distintas urgencias y objetivos, el ministro de Economía sabe que en estas circunstancias le resulta imposible contar con las leyes que necesita. Algunas con urgencia, como el blanqueo que pretendía aprobar antes de fin de año para completar el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos.

Atento a las relaciones tensas en el Congreso, modificó su postura inicial y ya adelantó su deseo de que al menos eso se apruebe en extraordinarias. También tendrá que suceder entonces la actualización de la normativa sobre lavado de activos, un tema que oficialismo y oposición tenían casi acordado en vísperas de la tormenta del 1° de diciembre.

Pero no hay manera de que el recinto pueda abrirse si no hay garantías de que la sesión no se convierta en un intercambio de acusaciones y pedidos de expulsiones.

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En este contexto el ministro de Economía celebró esta última semana el índice de inflación inesperadamente más bajo que lo que anticipaban las consultoras privadas y aun lo que había sugerido el Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que registró un 5,8.

El del INDEC fue casi un punto menos, 4,9%. Sergio Massa sigue estableciendo acuerdos sectoriales para garantizar topes temporarios para los aumentos y su apuesta es lograr un índice moderado para el mes de abril. Si eso sucede -y puede suceder- comenzará a madurar la posibilidad de una candidatura presidencial que hoy por hoy él sigue descartando públicamente, sin convencer a sus interlocutores. Es que los tiempos se acortan: en junio cierran las listas.

Con la vicepresidenta autoexcluida de esa carrera, no son muchos los candidatos que pueda ofrecer el Frente de Todos. Al punto tal que hay quienes insisten en no dar por caída la alternativa de CFK, quien por otra parte debió rendirse a las evidencias y bajar el acto del Grupo de Puebla previsto para este lunes. La participación de los invitados se complicaba y, sobre todo, la mayor atención iba a estar en el resultado del Mundial y el regreso del Seleccionado, previsto para la misma hora casi en que iba a hablar la vice.

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Dadas las circunstancias, en el oficialismo celebran no haber eliminado las PASO, que deberán usar para resolver candidaturas. ¿Entre Eduardo "Wado" De Pedro y Sergio Massa, como admitió de alguna manera el ministro del Interior en el programa Verdad/Consecuencia hace dos semanas? Muy probable.

Ninguno de los dos estuvo en la desangelada celebración particular que el Presidente organizó en el patio trasero de la Casa Rosada con motivo de sus tres años de gestión. Allí él anticipó su intención de ponerse al frente de la campaña "para que el presidente o la presidenta que asuma en 2023 sea uno de nosotros". Para algunos fue una admisión de que no será candidato. Para otros fue exactamente lo contrario.

Como sea, en La Cámpora no dejan de mostrar sus diferencias con el gobierno que ellos siguen integrando. Lo hizo Paula Penacca, secretaria Parlamentaria del bloque oficialista de la Cámara baja, que tras ese acto en la Rosada y la publicación de un artículo periodístico sobre las posibilidades de ser "candidato natural" que le asistirían a Alberto, tuiteó: "Cristina no va a ser candidata por la persecución, el hostigamiento y la proscripción a la que la sometió la mafia judicial y mediática. En la Casa Rosada parece que lo festejan porque aumenta las chances electorales de Alberto. Qué triste que además lo digan en un off". Internismo al palo.

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