El Ministerio de Economía evalúa dictar un DNU para retrotraer los subsidios al gas natural aprobados en 2021. La medida impactaría sobre 3,1 millones de usuarios y busca volver al esquema original que sólo alcanzaba a regiones con temperaturas extremas.

Con el objetivo de reducir el gasto público, el Gobierno de Javier Milei avanza en un plan para eliminar la ampliación del régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, medida que fue implementada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Según trascendió, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo analiza firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para retrotraer el alcance del beneficio, que actualmente representa un costo fiscal de US$ 300 millones anuales.

La decisión implicaría dar de baja la ley 27.637, que extendió el subsidio a 3,1 millones de usuarios en zonas templadas del país, elevando el total de beneficiarios a cerca de 4 millones de hogares. El esquema original, creado en 2002 por la ley 25.565, alcanzaba a unos 850.000 usuarios de regiones con temperaturas extremas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.

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El plan del gobierno apunta a volver a ese diseño inicial, restringiendo los beneficios a las zonas más frías del país. Según fuentes oficiales citadas por el sitio especializado EconoJournal, abogados del Ministerio de Economía ya analizan la viabilidad legal del DNU, dado que una modificación legislativa sería políticamente costosa para los gobernadores, muchos de los cuales deberían explicar aumentos tarifarios en sus distritos si se elimina el subsidio.

Uno de los principales cuestionamientos a la ampliación aprobada por el Congreso en 2021 es que no tiene en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares beneficiados. Así, miles de usuarios de ingresos medios y altos en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Mendoza acceden a un descuento de hasta el 50% en sus facturas de gas natural.

El subsidio se financia de manera mixta: por un lado, a través de un recargo del 6,8% en las boletas del resto de los usuarios del país, incluso aquellos de bajos recursos que no reciben el beneficio; y por otro, mediante transferencias directas del Tesoro, algo que, al momento de su aprobación, había sido descartado por sus impulsores.

Desde el Ejecutivo remarcan que el régimen fue “desvirtuado” tras la expansión de 2021. En ese sentido, ya comenzaron a tomarse medidas parciales, como la exclusión del beneficio para usuarios con más de un medidor a su nombre.

Un estudio reciente de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, muestra que en las zonas incorporadas al régimen en 2021, el consumo de gas por hogar aumentó un 7% entre 2021 y 2024, mientras que en las provincias no alcanzadas por el beneficio, la demanda cayó hasta un 9% en el mismo período. Para los especialistas, estos datos refuerzan la idea de que el esquema incentiva el consumo sin discriminar por necesidad real.

La publicación del DNU podría concretarse después de las elecciones legislativas de octubre, para evitar tensiones políticas en plena campaña. De concretarse, afectará a millones de usuarios que actualmente pagan menos por el gas, muchos de ellos en distritos clave como el interior bonaerense o el centro del país.

Con este movimiento, Milei y Caputo no sólo buscan achicar el déficit fiscal, sino también reformular la política de subsidios bajo criterios más restrictivos y focalizados. La medida, sin embargo, promete generar debate y resistencias en un contexto social todavía marcado por la caída del poder adquisitivo y el alza del costo de vida.

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