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La AFA aseguró que el documento judicial difundido por algunos medios corresponde a una citación dirigida a un tercero y rechazó las versiones sobre una supuesta incautación de ceulares.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este miércoles las versiones que indicaban que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino habían sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos en una causa vinculada con contratos comerciales internacionales.
A través de un comunicado oficial, la AFA aseguró que el documento judicial difundido en distintos medios no está dirigido a Tapia ni a Toviggino y negó que agentes estadounidenses hayan secuestrado teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico perteneciente a sus autoridades.
Según explicó la entidad, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida corresponde a un tercero, quien deberá comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas dirigentes de la asociación.
“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”, sostuvo la AFA en el texto difundido públicamente.
El comunicado agregó que el documento judicial “no dispone ninguna medida personal” contra el presidente ni contra el tesorero de la institución, y remarcó que tampoco les impone obligaciones procesales ni registra diligencias de secuestro o incautación de bienes.
Las aclaraciones surgieron luego de que versiones periodísticas aseguraban que Tapia y otros dirigentes habían sido retenidos en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York antes del regreso de la Selección argentina al país tras la final del Mundial 2026 frente a España.
La información daba cuenta que el procedimiento se habría realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y provocado una demora de dos horas en la salida del vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas.
Según estas versiones, el operativo habría contado con la participación de agentes del FBI y forma parte de una investigación judicial sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA.
La información citada por algunos medios daba cuenta que Tapia y Leandro Petersen, responsable del área de marketing de la AFA y hombre cercano al tesorero Pablo Toviggino, fueron apartados del resto de la delegación y trasladados a una oficina del aeropuerto, donde funcionarios judiciales les notificaron la medida y solicitaron la entrega de sus dispositivos electrónicos.
Entre los dirigentes que acompañaron al seleccionado argentino durante la Copa del Mundo también se encontraban Luciano Nakis, uno de los más cercanos al titular de la AFA, junto a Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.
La investigación, adelantada por el portal Infobae y confirmada por distintas fuentes vinculadas al caso, apunta a la estructura financiera empleada en acuerdos comerciales internacionales firmados por la entidad que conduce Tapia. El expediente se tramita en tribunales estadounidenses y se centra en el manejo de fondos provenientes de patrocinadores.
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Como parte de la causa, la Justicia estadounidense solicitó información sobre la empresa TourProdEnter, radicada en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni. Según los investigadores, esa firma recibió importantes sumas de dinero de patrocinadores de la Selección argentina.
De acuerdo con la pesquisa, parte de esos ingresos no habría sido registrada en los balances oficiales de la AFA. La causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero vinculados con el circuito financiero de los contratos comerciales.
La investigación está encabezada por los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes en los últimos meses mantuvieron reuniones en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, impulsor de la denuncia que dio origen al expediente.
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Tofoni obtuvo el año pasado una apertura de prueba en la Justicia estadounidense que permitió acceder a documentación financiera. Según sostiene, de los cerca de 300 millones de dólares que habrían ingresado a TourProdEnter, alrededor de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad económica comprobada.
Los fiscales también iniciaron contactos con la representante legal de Pablo Beacon, ex colaborador de Pablo Toviggino, quien podría aportar información relevante para el avance de la investigación judicial.
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