Para el Ejecutivo nacional, "la urgencia y necesidad del DNU son cuestiones políticas no justiciables" según una presentación de la Procuración del Tesoro de la Nación.
El Gobierno nacional afirmó este miércoles que las "razones de urgencia y necesidad" que motivaron el DNU 70/2023 "constituyen cuestiones políticas no justiciables", tras lo cual reclamó que el Poder Judicial no intervenga en las causas contra el decreto del presidente Javier Milei porque ya está a consideración del Congreso.
La opinión del Gobierno nacional quedó plasmada en distintas presentaciones realizadas en la tarde de este miércoles por abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, a través de fuentes judiciales.
"Debe anticiparse que las razones de urgencia y necesidad constituyen cuestiones políticas no justiciables. Por lo tanto, actualmente el DNU se encuentra bajo la revisión y control del Congreso de la Nación; por lo que, la intervención de la Justicia en esta instancia sería al menos prematura además de transgredirse el principio de división de poderes", sostuvieron los abogados.
"No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial", afirmaron en las presentaciones.
"La necesidad y urgencia constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política", enfatizaron.
"El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria", señalaron los abogados Carolina Maidana y Rodolfo Aguirre en representación del Estado Nacional.
La postura del Gobierno quedó plasmada en dos informes de más de 80 páginas cada uno presentados ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico quien se encuentra de turno en la feria judicial.
Los informes fueron presentados en los expedientes iniciados con las acciones de amparo contra el DNU realizadas por el abogado Jorge Rizzo, por un lado, y asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, por otro.
En ambos casos se reclamó que se declare la inconstitucionalidad del DNU y que hasta que eso ocurra se dicte una medida cautelar que suspenda todos sus efectos, ante lo cual el juez Lavié Pico había solicitado los informes del Gobierno para cada caso.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó hoy el rechazo a un pedido de habilitación de la feria judicial para tratar un amparo presentado contra el Decreto de Necesidad y Urgencia en lo que respecta a las modificaciones introducidas en el marco regulatorio de la medicina prepaga.
Los jueces de la sala de feria resolvieron "desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar el rechazo del pedido de habilitación de la feria judicial formulado", según surge de la resolución emitida este mediodía.
"En las presentes actuaciones el recurrente no acredita ninguna circunstancia apremiante que importe un riesgo actual o inminente en su cobertura médica, en tanto sus agravios sólo refieren a situaciones hipotéticas y conjeturales carentes de respaldo documental", sostuvieron los jueces.
comentar