El caso Adorni: una turbulencia que no baja/ Por Candelaria de la Sota

El episodio ocurrió el 11 de marzo, en el marco del viaje oficial a Estados Unidos. En ese contexto, se confirmó que Bettina Angeletti, pareja del funcionario, había integrado al menos uno de los tramos del vuelo en el ARG-01, la aeronave presidencial incorporada en 2023. Se trata de un avión con capacidad para unas 39 personas y costos operativos que, según estimaciones del sector aeronáutico, se ubican entre los 10.000 y 15.000 dólares por hora de vuelo, dependiendo de la ruta.

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La discusión no tardó en escalar porque existe normativa específica. El Decreto 280/95 y sus modificatorias establecen que el uso de aeronaves oficiales debe estar vinculado a actividades estrictamente oficiales, y que la comitiva debe estar compuesta por funcionarios, asesores o personal afectado a la misión. La inclusión de acompañantes sin rol institucional no está contemplada de manera directa y suele requerir justificación administrativa formal.

El ARG 01, avión presidencial que utilizará Javier Milei.

Denunciador denunciado

Adorni dio su versión: explicó que su esposa tenía un pasaje previsto por su cuenta, que hubo cambios en la agenda y que el traslado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado. También sostuvo que los gastos personales fueron cubiertos de manera privada. Pero la explicación no alcanzó para cerrar el frente político.

El dato que volvió más incómodo el episodio no es técnico, sino político. Antes de llegar al Gobierno, Adorni construyó parte de su perfil público como comentarista económico y en redes sociales, donde se destacó por un tono filoso y confrontativo. Fue particularmente activo en cuestionar al gobierno anterior por el uso de recursos públicos con fines personales, y se convirtió en una de las voces que encarnaban el discurso de “transparencia” y de crítica a la llamada “casta”.

Ese pasado reciente amplificó el impacto. No es lo mismo un funcionario cuestionado que uno que había hecho de ese mismo tema una bandera.

Los viajes y las propiedades

A partir de la difusión del episodio, se multiplicaron los pedidos de explicaciones. Desde la oposición se reclamó el listado completo de pasajeros, los costos del viaje y la documentación que avaló la decisión. En paralelo, se presentaron pedidos de acceso a la información pública y se iniciaron actuaciones preliminares en organismos de control para verificar si se cumplieron los procedimientos vigentes.

Pero el caso no quedó limitado a eso. A los pocos días de que se conociera que su esposa había viajado con él en el ARG-01 a Estados Unidos, se abrió un nuevo frente. Esta vez, por un vuelo privado a Punta del Este que Adorni habría realizado con su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. El traslado —en un avión privado— fue estimado en alrededor de 10.000 dólares, pero nunca se conocieron facturas ni documentación que permitieran establecer con claridad quién pagó ese viaje ni de dónde salieron los fondos. El episodio, lejos de cerrar la polémica, la amplificó.

departamento adorni

A partir de ahí, la discusión empezó a correrse hacia un terreno más sensible: el patrimonial. En ese punto, el foco se posó primero sobre la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, adquirida el 15 de noviembre de 2024 por Bettina Angeletti. Aunque la propiedad está a nombre de su esposa, el dato abrió un nuevo frente porque no había sido incluido por Adorni en la declaración jurada presentada el año pasado ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente a sus bienes de 2024. Recién en los últimos días, y ya en medio del escándalo, ese dato fue incorporado.

Después, la atención se desplazó hacia una operación todavía más compleja: la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito, declarado en 230.000 dólares. Según la reconstrucción de los documentos incorporados a la causa, esa adquisición se concretó con un esquema de financiamiento inusual: las propias vendedoras —dos jubiladas— le otorgaron un préstamo cercano a los 200.000 dólares, garantizado con hipoteca, que le permitió cerrar la operación. A eso se sumó otro préstamo previo, también por 100.000 dólares, vinculado a otra operación inmobiliaria, parte del cual aún no habría sido cancelado.

En ese entramado también aparece la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino tanto en la operación de Miró como en la de Indio Cuá y que ya declaró ante la Justicia. Según lo publicado, explicó que el esquema de financiamiento permitió postergar pagos y que incluso no se habrían pactado intereses en la operación principal. Su testimonio forma parte del expediente que busca reconstruir en detalle la trazabilidad de las operaciones y determinar si existieron inconsistencias entre ingresos declarados, endeudamiento y adquisición de bienes.

El Gobierno lo sostiene y Adorni resiste

Mientras tanto, el Gobierno decidió sostenerlo. Javier Milei evitó cuestionarlo públicamente y mantiene a Adorni en su rol central como vocero y jefe de Gabinete. Su presencia en la comunicación oficial no se alteró, en un intento de cerrar filas frente a la polémica.

A poco más de un mes de aquella escena inicial, el tema sigue abierto. No hay definiciones concluyentes en el plano administrativo, pero sí un costo político que ya se instaló. Para Adorni, el desafío es sostener su lugar dentro del Gobierno mientras intenta cerrar una controversia que, por ahora, sigue en vuelo.

En paralelo, la causa sumó en los últimos días un nuevo capítulo judicial. El juez Ariel Lijo solicitó al Gobierno información detallada sobre los contratos de la esposa del funcionario con distintas empresas, en una medida que amplía el foco de la investigación más allá del episodio del avión y se adentra en posibles conflictos de interés y movimientos patrimoniales. El expediente ya incluye pedidos sobre vínculos comerciales, facturación y trazabilidad de ingresos, en una línea que apunta a reconstruir con precisión la evolución económica del entorno del funcionario.

En ese contexto, y después de semanas de silencio, Adorni reapareció en su cuenta de X (Twitter) con el tono que lo caracteriza: respuestas irónicas, frases breves y chicanas dirigidas a usuarios afines. Sin embargo, evitó referirse de manera directa a los aspectos centrales de la investigación. La reaparición volvió a poner el tema en agenda, pero sin aportar aclaraciones de fondo, reforzando una estrategia que en la Casa Rosada describen en privado con una definición simple: hablar, pero no explicar.