El Senado tratará el jueves la polémica reforma de la Ley de Glaciares

La propuesta busca redefinir el alcance operativo de la norma sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Desde el Ejecutivo sostienen que la ley vigente presenta “falencias interpretativas” que generan inseguridad jurídica y desalientan inversiones, y aseguran que la modificación no elimina la protección sino que ordena competencias entre Nación y provincias.

El eje más controvertido es la redefinición del ambiente periglaciar que la legislación actual protege como al glaciar mismo bajo un criterio preventivo amplio. El proyecto oficial pretende acotar esa definición y limitar la protección a aquellos cuerpos que cumplan funciones hídricas específicas verificadas, lo que reduciría el universo de áreas alcanzadas por la restricción.

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Desde su sanción, el sector minero cuestionó la amplitud del concepto de área periglaciar y sostuvo que la redacción original afectó emprendimientos ubicados en zonas donde no existen glaciares visibles.

Las empresas rgumentan que la indefinición normativa habilitó litigios que frenaron proyectos productivos, en tanto científicos y especialistas advierten que separar el glaciar de su ecosistema asociado desconoce el funcionamiento integral del sistema hídrico de montaña.

La investigadora del CONICET Gabriela González Trilla advirtió que cualquier modificación debe respetar el principio de no regresión ambiental consolidado por la Corte Suprema. Señaló que el inventario vigente delimita áreas que no deberían perder protección y cuestionó el criterio de “significancia hídrica” incorporado en el proyecto, al considerar que podría dejar expuestos glaciares claves para regiones áridas y semiáridas.

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Organizaciones ambientales también manifestaron su rechazo. Entidades como el Foro Ambiental Córdoba, Fundeps y Jóvenes por el Clima sostuvieron que habilitar actividades en zonas periglaciares pondría en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y recordaron compromisos asumidos por el país en el marco del Acuerdo de Escazú.

Varios Gobernadores dieron su apoyo al Gobierno Nacional

Del lado de las provincias mineras, el respaldo es explícito. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió la reforma y afirmó que restituye derechos a las jurisdicciones sobre sus recursos naturales, en línea con los artículos 41 y 124 de la Constitución. Argumentó que la actividad minera es clave para sostener el empleo y combatir la pobreza en su distrito.

Desde Mendoza, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que la adecuación busca mejorar la aplicación efectiva de la norma y subsanar déficits de información, especialmente en zonas periglaciares. En San Juan, el funcionario del área de minería, Roberto Moreno planteó que las provincias mantendrían la potestad de autorizar actividades productivas bajo evaluaciones ambientales basadas en el Inventario Nacional de Glaciares elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

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Para el oficialismo, la reforma representa una señal de previsibilidad para atraer inversiones y dinamizar economías regionales. Para los sectores críticos, implica una caída en la protección ambiental en medio de un escenario de retroceso acelerado de glaciares y crisis hídrica.

Si el Senado aprueba la modificación, distintos sectores anticiparon que la discusión continuará en los tribunales. Especialistas y organizaciones evalúan impulsar acciones judiciales bajo el argumento de que la reforma vulnera el principio de no regresión ambiental y podría resultar inconstitucional.