Alberto Fernández promovió la querella contra Mauricio Macri para investigar una posible defraudación por un crédito de U$S 50 mil millones del FMI.

El presidente Alberto Fernándezpromovió una querella contra su predecesor Mauricio Macrien la causa que investiga si existió defraudación contra la administración pública al haber acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito Stand By por U$S 50 mil millones.

Lo hizo este viernes a través del decreto 239/2021, al tiempo que instruyó al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a constituirse como querellante en representación del Estado Nacional en la causa 3561/2019.

En esta querella se intenta determinar si durante la gestión de Macri se cometió el delito de “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

Se trata de un expediente que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad.

El 12 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) había realizado una denuncia penal ante ese Juzgado luego de recibir un informe del Banco Central (BCRA) y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación, sobre el crédito stand by con el FMI.

El decreto lleva la firma de Fernández; el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Martín Guzmán.

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El decreto lleva la firma de Fernández y otros funcionarios.

El decreto lleva la firma de Fernández y otros funcionarios.

Por su parte, Fernández sostuvo que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el ex juez Sergio) Moro y la Fiscalía".

El presidente sostuvo que los responsables de estos episodios en el país "primero deberían pedir perdón" e insistió en la necesidad de reformar la justicia para que "estas cosas no pasen nunca más en la Argentina".

Las revelaciones se originaron a partir de un pedido de acceso a la información pública de la asociación civil "Poder Ciudadano", que fueron reproducidas por el portal "El Destape", que luego descubrió que en los documentos entregados a la ONG estaban adulterados y faltaban visitas.

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