Lo hizo este viernes a través del decreto 239/2021, al tiempo que instruyó al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a constituirse como querellante en representación del Estado Nacional en la causa 3561/2019.
En esta querella se intenta determinar si durante la gestión de Macri se cometió el delito de “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
Se trata de un expediente que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad.
El 12 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) había realizado una denuncia penal ante ese Juzgado luego de recibir un informe del Banco Central (BCRA) y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación, sobre el crédito stand by con el FMI.
El decreto lleva la firma de Fernández; el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Martín Guzmán.
Por su parte, Fernández sostuvo que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (el expresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el ex juez Sergio) Moro y la Fiscalía".
El presidente sostuvo que los responsables de estos episodios en el país "primero deberían pedir perdón" e insistió en la necesidad de reformar la justicia para que "estas cosas no pasen nunca más en la Argentina".
Las revelaciones se originaron a partir de un pedido de acceso a la información pública de la asociación civil "Poder Ciudadano", que fueron reproducidas por el portal "El Destape", que luego descubrió que en los documentos entregados a la ONG estaban adulterados y faltaban visitas.
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