El pedido ante el máximo tribunal es para evitar el pago de $2.5 billones a las universidades nacionales, a partir de una ley que fue aprobada en el Congreso en octubre de 2025.

La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el fallo de la Cámara III en lo contencioso administrativa que obligaba al gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno hizo este pedido poco antes de que venciera el plazo legal para que el envío de 2.5 billones de pesos a las 56 universidades nacionales.

Paralelamente, el oficialismo prometió trabajar en la sanción de una nueva ley, aunque todavía no están asegurados los respaldos en el Parlamento para dicha normativa. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta la actualidad.

Protesta gremial de la Universidad Tecnológica Nacional contra el desfinanciamiento universitario.
Financiamiento Universitario: reclaman el pago del Gobierno.

Financiamiento Universitario: reclaman el pago del Gobierno.

Las idas y vueltas de la La Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, posteriormente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada en ambas Cámaras con los dos tercios de los votos requeridos.

Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo y la presentación de una medida cautelar de la Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia ordenó al Gobierno Nacional cumplir de forma inmediata con los fondos para las universidades.

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El fallo del juez Martín Cormick fue respaldado por La Cámara Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los recursos presentados por el Gobierno.

De esta forma, el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera “inmediata” la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, que se había aprobado en el Congreso.

En la misma línea, también se desde la comunidad universitaria se exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025 junto a la actualización de las becas.

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