Los bloques de diputados del Frente Renovador y Argentina Federal pidieron una sesión especial para el próximo 8 de agosto a fin de tratar todos los proyectos presentados para derogar el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri para modificar las facultades de las Fuerzas Armadas.
El pedido, enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, lleva las firmas de la presidenta del FR, Graciela Camaño, los massistas Marco Lavagna, Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani y del legislador del Bloque Justicialista Diego Bossio.
El temario de la sesión especial incluye todos los proyectos presentados esta semana por distintas bancadas opositoras para derogar el decreto 683/18.
Entre ellos están uno del Frente para la Victoria y otro del Frente de Izquierda que reclaman la derogación, además de uno del FR que expresa su rechazo.
En tanto, ayer al mediodía los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Daniel Arroyo (Frente Renovador), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) y Nilda Garré (Frente para la Victoria-PJ) encabezaron una conferencia de prensa en la que pidieron la derogación del decreto y anunciaron que impulsarán un juicio político contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
“Las Fuerzas Armadas están para hacer la guerra y para cuando el país es atacado, mientras que las Fuerzas de Seguridad hacen otra cosa, combaten el delito y el crimen organizado”, señaló Garré. Finalmente, Garré señaló que “el sistema de defensa que tiene la Argentina no es una improvisación, no surgió de un solo gobierno ni de una sola composición de un parlamento en un momento determinado, fueron tres presidencias distintas: la de Alfonsín, Menem y De La Rúa” y recordó que “se sancionó primero la Ley de Defensa, luego la de Seguridad Interior y, finalmente, la de Inteligencia; es un trípode, un cuerpo normativo con absoluta coherencia y lógica”.
En ese sentido, argumentó que “las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad son distintas en sus características, en sus objetivos, en su formación y en su rol; entonces, no se puede hacer que las FF.AA. participen en tareas de seguridad” y precisó que “las Fuerzas Armadas están para hacer la guerra y para cuando el país es atacado, mientras que las Fuerzas de Seguridad hacen otra cosa, combaten el delito y el crimen organizado”. En la conferencia, Arroyo agregó: “El decreto altera un principio básico de la democracia, construido a lo largo de muchos años por todos los partidos políticos -una de las pocas políticas de Estado de nuestro país- y es la idea de que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en el marco de la seguridad interior”.” “Desde el bloque Justicialista proponemos medidas concretas para mejorar la seguridad interior”, aseguró Kosiner.
El proyecto presentado por el legislador salteño sostiene que el decreto 683/2018 debe dejarse sin efecto porque “lejos de constituir un plexo reglamentario de la Ley de Seguridad Interior y demás normas, constituye claramente la modificación de leyes de fondo”.