Después del mensaje de Jorge García Cuerva en el Tedeum del 25 de Mayo, los cuestionamientos se escucharon en el Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes.

La Iglesia Católica argentina profundizó la tensión con el gobierno de Javier Milei, al lanzar duras críticas contra la actual política migratoria oficial, tras advertir que la misma "no responde a la acción de un Estado garante de derechos".

Desde el organismo eclesiástico alertaron sobre las consecuencias de la reforma migratoria impulsada por la Casa Rosada y plantearon que la normativa provoca “una situación de vulnerabilidad” en las personas extranjeras radicadas en el país. "La incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”, afirmaron.

Asimismo, expresaron su preocupación por el “aumento del rechazo infundado y arbitrario hacia las personas migrantes en la frontera, como así también los supuestos operativos de control migratorio, que parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.

En sintonía con este diagnóstico, los representantes eclesiásticos alertaron que “en estos tiempos, marcados por una realidad cada vez más compleja, el acceso a un trabajo digno se vuelve difícil de alcanzar para las grandes mayorías" y señalaron que se suma “la creciente dificultad de acceder a un servicio de salud de calidad para las familias, situación que resulta aún más desesperante para las personas con discapacidad”.

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Por otra parte, la Pastoral hizo foco en las problemáticas laborales de quienes se trasladan hacia los principales polos productivos del país, como "la zona de explotación de hidrocarburo no convencional, así como en la búsqueda de trabajo en el sector portuario; con la ilusión de un empleo rápido”, y denunciaron que en esos destinos los trabajadores se encuentran “con un escenario hostil y muchas veces expuestos a abusos de todo tipo”.

Ante esta situación, el sector eclesiástico asumió “el compromiso de seguir caminando juntos en la construcción de planes para la atención pastoral de las familias migrantes”, con el objetivo de lograr que “las comunidades no sean lugares de acogida asistencial, sino espacios integrales que protejan la dignidad humana y fomenten la ‘cultura del encuentro’ frente a la del descarte", lo cual “implica reconocer al migrante no como una carga, sino como una persona con dones que enriquece a la comunidad”.

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