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Greenpeace advierte que la flexibilización de la norma pone en riesgo las reservas de agua dulce, mientras el oficialismo asegura contar con los votos para la aprobación.
El Gobierno tiene previsto avanzar este miércoles, a partir de las 15, con la modificación de la Ley de Glaciares. Se trata de una iniciativa que busca abrirle la puerta a la actividad minera en zonas periglaciares bajo determinados criterios técnicos. En este contexto, se montó un fuerte operativo policial frente al Congreso Nacional después de que un grupo de activistas de Greenpeace se trepara al monumento de la plaza para manifestarse en contra de la reforma.
Un poco antes de las 7 de la mañana, nueve militantes ambientales saltaron las rejas de la plaza para subir a la escultura. Según mostraron las imágenes difundidas por medios, dos de ellos se colgaron con arneses e instalaron un cartel de la organización que decía: “Diputados, no traicionen a los argentinos”. Pocos minutos después, fueron detenidos por una orden de la Fiscalía.
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En la parte baja del monumento, que suele estar cerrado permanentemente con rejas, los otros siete activistas se quedaron sentados en el suelo, rodeados por los efectivos policiales. Todos llevaban mamelucos naranjas y sostenían carteles con distintos mensajes que pedían por la defensa de los glaciares.
Finalmente, las nueve personas que participaron de la acción fueron detenidas por orden de la Fiscalía, según confirmaron fuentes oficiales hace instantes.
Este episodio tiene bastantes similitudes con una protesta que se dio cuando el proyecto se trataba en el Senado. En aquel momento, un grupo de ambientalistas había logrado entrar a las escalinatas del Congreso para hacer una performance que incluyó el uso de inodoros.
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La discusión sobre esta normativa vuelve al centro de la escena este miércoles en la Cámara de Diputados, después de que el proyecto consiguiera el dictamen favorable en las comisiones. Desde el entorno del Gobierno aseguran que ya cuentan con los votos necesarios para avanzar con la aprobación de la reforma.
Por su parte, desde Greenpeace mantienen una defensa cerrada de la Ley de Glaciares (26.639) y rechazan cualquier cambio que, según explican, signifique una flexibilización de los controles ambientales. La organización advierte que estas modificaciones podrían beneficiar a la industria minera y poner en peligro reservas estratégicas de agua dulce, sobre todo en un escenario marcado por la crisis climática.
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