El Gobierno dio marcha atrás con la Ley de Tierras para evitar una derrota en el Senado / Por Candelaria de la Sota

Durante las últimas semanas, el oficialismo defendió la reforma como parte de su estrategia de desregulación de la economía. El argumento era conocido: eliminar trabas para atraer inversiones y permitir el ingreso de capitales que, según el Gobierno, hoy encuentran barreras regulatorias para desarrollar proyectos productivos en el país. Sin embargo, cuando comenzaron a contarse los votos, el panorama fue muy distinto al esperado. La reforma sobre tierras rurales se convirtió en el punto de mayor resistencia dentro de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

No sólo rechazaban el artículo los bloques opositores. También aparecieron reparos entre gobernadores, legisladores provinciales y varios senadores dialoguistas que estaban dispuestos a acompañar otros capítulos de la iniciativa, pero no ese cambio.

Las conversaciones se intensificaron durante el fin de semana y continuaron hasta las últimas horas. En ese intercambio quedó claro que insistir con la reforma podía poner en riesgo la aprobación del conjunto del proyecto. Fue entonces cuando el oficialismo empezó a evaluar alternativas.

El oficialismo del Senado, encabezado por Patricia Bullrich, decidió sacrificar el capítulo más conflictivo dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

ADEMÁS: Pablo Quirno pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que se corra"

La primera fue moderar la propuesta. Donde inicialmente buscaba eliminar las restricciones vigentes, pasó a estudiar un esquema más gradual que elevaba el límite para la propiedad extranjera del 15% al 25%. La señal buscaba destrabar la negociación. Tampoco alcanzó.

Con ese escenario, la Casa Rosada terminó optando por la salida más pragmática: retirar completamente el capítulo sobre extranjerización de tierras y concentrar la negociación en el resto de la iniciativa. La apuesta era sencilla. Si desaparecía el principal foco de conflicto, aumentaban las posibilidades de reunir los votos para aprobar las otras reformas.

Desde el Gobierno sostienen que la ley vigente desalienta inversiones y limita el desarrollo de proyectos vinculados con el agro, la forestación y otras actividades productivas. Del otro lado, quienes rechazaban la modificación advertían que la discusión excedía la cuestión económica y alcanzaba aspectos vinculados con la soberanía, el control de los recursos naturales y la administración del territorio.

La discusión también dejó al descubierto el peso que siguen teniendo los gobernadores en el Senado. Muchos de ellos hicieron saber que la reforma generaba inquietud en sus provincias y que difícilmente podrían acompañarla. Esa señal terminó inclinando la balanza mucho antes de que comenzara la sesión.

ADEMÁS: Kicillof destacó la visita de Leon XIV y su mensaje "en estos tiempos de crueldad"

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar sobre este tema. Ya había procurado hacerlo a través del decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo de la gestión. Aquella iniciativa quedó frenada en la Justicia. Ahora fue la política la que volvió a poner un límite.

La ley sancionada en 2011 establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de fijar restricciones sobre superficies y zonas consideradas estratégicas. Ese régimen seguirá vigente, al menos por ahora.

La marcha atrás representa, probablemente, uno de los repliegues tácticos más evidentes del oficialismo desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. No porque haya abandonado el objetivo de modificar la Ley de Tierras, sino porque entendió que insistir en este momento podía transformarse en una derrota política innecesaria.

En los hechos, el Gobierno eligió cambiar la lógica con la que venía enfrentando las discusiones parlamentarias. En lugar de sostener hasta el final una iniciativa aun con riesgo de perderla, decidió administrar prioridades. Sacrificó el capítulo más conflictivo para intentar preservar el corazón de la reforma.

La discusión también dejó al descubierto el peso que siguen teniendo los gobernadores en el Senado.

ADEMÁS: Protesta por la Ley de Tierras: los gremios se organizan y el Gobierno prepara un gran operativo

La decisión también refleja un aprendizaje. La minoría parlamentaria obliga a negociar y, muchas veces, a ceder. La construcción de mayorías ya no depende solamente de convencer a la oposición, sino también de contener a gobernadores y aliados circunstanciales que tienen capacidad para inclinar cualquier votación.

La sesión de este jueves mostrará si la apuesta fue suficiente. Con la reforma sobre extranjerización de tierras fuera del temario, el oficialismo buscará reunir los votos para aprobar el resto del proyecto. Pero aun cuando consiga ese objetivo, la discusión difícilmente termine allí.

Como el texto llegará con modificaciones respecto de la versión aprobada originalmente por la Cámara de Diputados, el proyecto deberá regresar a esa Cámara para su sanción definitiva. Y ese será otro desafío para el Gobierno. En la Casa Rosada ya comenzaron a hacer números para medir si también contarán allí con los apoyos necesarios para ratificar los cambios que introduzca el Senado.

En otras palabras, la concesión táctica puede haber servido para desactivar el conflicto más urgente, pero el desenlace legislativo todavía está abierto. La batalla por la extranjerización de las tierras quedó, por ahora, fuera de escena. La pelea por convertir la iniciativa en ley recién entrará en una nueva etapa.